Contadores piden reconsiderar plazos y multas de ley que elimina SA

Los gremios de contadores solicitaron a la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda reconsiderar los plazos para que las firmas se adecuen a la ley que elimina las Sociedades Anónimas (SA) y las multas a ser aplicadas.

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La nota fue presentada por el Movimiento Resistencia Contable del Paraguay y la Asociación de Graduados en Ciencias Contables, Administrativas y Económicas de la UCA, a la cual se adhieren otras asociaciones y profesionales en general.

En el documento remitido el pasado 13 de este mes al abogado del Tesoro, Fernando Benavente, solicita la reconsideración de los plazos a ser aplicados a las obligaciones y las multas establecidas en el Decreto N° 9043, que reglamenta la Ley N° 5895/17, “Que establece reglas de transparencia en el régimen de la sociedades constituidas por acciones y se establece disposiciones en materia societaria”.

La normativa dispone, en un plazo de dos años desde la promulgación, que todas las acciones de las sociedades anónimas sean nominativas en lugar de al portador como es actualmente, atendiendo la recomendación efectuada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Los contadores piden reconsiderar los plazos, las multas establecidas en el referido decreto, así como también los valores y la escala de multas a ser aplicadas, considerando que la misma va de 100 jornales diarios hasta 500 jornales diarios.

A criterio de los profesionales estos valores son “altamente confiscatorio y punitorio para conceptos considerados como falta administrativas por incumplimientos en los plazos establecidos, considerando estos valores altamente abusivos, sin mencionar la aplicación del bloqueo del RUC sin cumplir con los procesos establecidos en la Ley N° 125/91 para su aplicación”.

Proponen que durante este periodo de tiempo se realice la socialización de estos y otros decretos que permitan aclarar el alcance y los procesos que deben ser cumplidos por todas las sociedades.

También solicitan que Hacienda dote de recursos necesarios a la Abogacía del Tesoro, que actualmente se manejan con limitaciones debido al escaso recurso que cuenta, dificultando a los contribuyentes su relacionamiento con esta institución porque no tiene sedes en el interior y no cuenta con canales adecuados de comunicación para la realización de estas nuevas funciones y “ni siquiera atienden el teléfono”.

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