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“¿Cómo van a condenar a un individuo si no había una ley? Rubén Figueredo había solicitado licencia ambiental”, señaló la abogada Rosa Martínez Vacchetta, defensora del ambientalista que fue condenado a dos años de prisión por acopio de pilas ante la inexistencia de mecanismos por parte de las autoridades para desecho de las mismas.
Explicó que el hombre fue condenado antes de la promulgación de la ley N° 5.882 -que salió a instancias de la fundación Itá Enramada, cuyo impulsor era Figueredo- que entró en vigencia el pasado 18 de setiembre. “Se le condenó a un inocente por falta de gestión de autoridades. Las instituciones no se encargaron de poner lugares de acopio temporales”, cuestionó.
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Se refirió a la manifestación que se hará hoy frente a sede de la Secretaría del Ambiente (Avenida Madame Lynch N° 3.500 esquina Reservista de la Guerra del Chaco) a partir de las 17:00. Se pide a la ciudadanía que lleven pilas, baterías y residuos similares como fluorescentes.
“Con todo esto, las autoridades no se ocuparon de nada y ahora con esta desgracia (condena) esperamos que las instituciones cumplan con su función, ese es el mensaje. Pedimos a las autoridades que vean en dónde depositar estos residuos”, indicó.
Rubén Figueredo, presidente de la fundación Itá Enramada, fue condenado a dos años de cárcel al ser declarado culpable de montar en su propiedad un depósito clandestino de pilas en desuso.
Procesamiento ilícito de desechos y violación de la Ley Nº 716/96, que sanciona delitos contra el medio ambiente, fueron los hechos punibles por los que fue condenado, pero con el beneficio de suspensión de la condena, es decir que no irá a la cárcel, sino que será sometido a reglas de conducta.