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“El tribunal considera que la pena justa es una pena privativa de libertad de un año con suspensión condicional de la condena, las cuales estarán sujetas a dos años de suspensión de la ejecución del mismo, teniendo en cuenta que es un caso mínimo”, afirmó el juez Juan Carlos Zárate, explicando que Yore no irá a la cárcel, pero para ello tendrá que cumplir requisitos que le imponga el juzgado en la resolución final.
La defensora pública fue juzgada por la contratación de manera irregular de abogados particulares para ocupar los cargos de defensores público, potestad de designación que solamente tiene la Corte Suprema de Justicia.
La ley establece que “el cuerpo de defensores públicos está conformado por los abogados designados para dichos cargos por la Corte Suprema de Justicia, previa selección en ternas del Consejo de la Magistratura. Acá han sido designados en funciones a abogados particulares sin haber realizado como requisito una previa selección interna por el Consejo de la Magistratura, ni por los ministros de la Corte, sino que fueron designados de manera arbitraria en ese momento por la defensora general Noyme Yore”, explicó el juez.
El magistrado también aclaró que la defensa no pudo justificar el haber llenado las supuestas vacancias de manera irregular, ya que la defensora pública sabía que había una funcionaria comisionada que podía cubrir la supuesta vacancias, sin embargo se contrató a un abogado particular sin cumplir con los requisitos de la ley.
"Nosotros vamos a apelar, estamos convencidos que no se trata de una cuestión de los hechos y que no se encuadra a esas conductas que le atribuyeron", afirmó el abogado de Yore, Ricardo Preda. El mismo cuestionó los argumentos de la pena. "Vamos a ver cuando esté la resolución por escrito si tienen argumentos más sólidos", dijo.
Preda citó el caso de la defensora Blanca Lila Battaglia, que también fue parte de los argumentos de lo jueces para la condena, ya que según los magistrados, esa funcionaria debió cubrir las vacancias de la Corte
"Creo que no leyeron todas las documentales porque justamente ella Battaglia) no estaba comisionada por determinación de la Dra. Yore a la Corte Suprema, sino que la propia Corte le había comisionado a ese lugar y no le había liberado Ella no estaba comisionada a pedido de la Dra. Yore para que cumpla las funciones de defensora pública y no de funcionaria del Poder Judicial", refirió el abogado.
"La conclusión a la que arriban (los jueces) de que había otros defensores públicos es una cuestión que no tiene sustento, porque en ninguna parte se probó cuantos defensores públicos había en las ciudades más cercanas de los lugares donde se designaron estos abogados, y si esos defensores públicos no tenían otras tareas de cubrir otras defensas para poder acudir a estos lugares a suplir a sus colegas que estaban de vacaciones o con problemas de salud", criticó Preda, adelantando algunos de los elementos que piensa plantear en su apelación.