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El Tribunal de Sentencia presidido por Ramón Trinidad Zelaya, condenó a Rubén Villalba a 30 años de cárcel más 5 años de medidas de seguridad, al ser hallado culpable de asociación criminal e invasión de inmueble ajeno; homicidio doloso agravado, tentativa de homicidio doloso.
Villalba, según la acusación fue responsable de uno de los tres tiros que causaron la muerte del subcomisario Erven Lovera, jefe del Grupo de Operaciones Especiales (GEO). Las investigaciones concluyeron que portaba una escopeta.
Luis Olmedo recibió 20 años de cárcel; Arnaldo Quintana 18 años; y Néstor Castro Benítez, 18 años, culpables de la comisión de los hechos punibles de homicidio doloso en grado de tentativa en calidad de coautores, homicidio doloso en calidad de coautores, invasión de inmuebles y asociación criminal.
A Lucía Agüero, María Fany Olmedo y Dolores López a seis años de pena privativa de libertad, mientras que Felipe Benítez Balmori, Adalberto Castro, Alcides Ramírez, Juan Tillería fueron condenados a cuatro años de cárcel cada uno, todos por el delito de invasión de inmueble.
Lucía Agüero, Fany Olmedo y Dolores López fueron señaladas como cómplices de homicidio, al prestarse a ponerse en primera línea con niños y ancianos, para aparentar tranquilidad ante los agentes que llegaron para realizar el desalojo de Campos Morombí.
“Es un caso muy complejo y ante el volumen de las pruebas y que han sido discutidos y examinados legamos a la conclusión solamente leeremos la parte conclusiva”, afirmó Zelaya, y estableció que la lectura íntegra se realizará el lunes 18 de este mes a las 11:00.
Las decenas de personas que lograron ingresar a la sala donde se desarrollaba el juicio por la masacre de Curuguaty protagonizaron incidentes, motivo por el cual se llamó a un receso, que se extendió por unos 20 minutos para desalojar la sala, lo que no se pudo concretar.
“Dantesco enfrentamiento en colonia de Curuguaty” así fue descrito por nuestro diario en aquel entonces el momento que escribió otra página de sangre en la historia paraguaya aquella mañana de junio del 2012.
La masacre ocurrió aproximadamente a las 07:30, dentro del predio de la firma “Campos Morombí”, a 1.600 metros de la Ruta X “Las Residentas”, del Km. 282. El procedimiento fue encabezado por el director de la Cuarta Zona Policial, comisario general inspector Arnaldo Sanabria; el jefe de Policía de Canindeyú, comisario principal Pablino Vera; y el jefe de Orden y Seguridad de este departamento, comisario principal Miguel Anoni. Estaban a cargo de un contingente de 250 efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO), pelotones antidisturbios y personal de orden público.
La comitiva fue acompañada por los fiscales Diosnel Giménez y Ninfa Aguilar, quienes tenían en su poder una orden de allanamiento firmada por el juez penal de garantías de Curuguaty, José Benítez.
Luego de 30 minutos de consecutivos enfrentamientos, los campesinos sobrevivientes huyeron hacia el fondo de la propiedad y se perdieron en medio del monte. Al final de la refriega, la escena era dantesca, con cuerpos por todos lados. En este enlace puede acceder al relato del primer reporte completo de lo sucedido esa mañana.
Al ser uno de los casos más complejos, el proceso no estuvo ajeno a los retrasos. Los constantes incidentes propuestos por la defensa que con recusaciones y diferentes maniobras lograron aplazar el inicio del juicio oral en al menos 14 ocasiones.
El 27 de julio del 2015 tuvo que darse inicio, sin embargo los incidentes no cesaban hasta que el 13 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia abrió un sumario para determinar los motivos de la dilación y el 15 diciembre del 2015, con la lectura de los alegatos finales se dio inicio oficialmente al juicio que concluyó hoy.
Uno de los hechos más llamativos dentro de este proceso fue sin duda que el juicio no se detuvo durante la feria judicial, algo sin precedentes en la justicia paraguaya. La feria se realiza cada año durante todo el mes de enero y en el 2016 por primera vez se desarrolló un juicio oral y público en este lapso de tiempo. En plena feria, el tribunal de sentencia escuchó el testimonio de varios agentes policiales que participaron en aquel desalojo, en un claro intento por acelerar el polémico proceso.
Otro aspecto que llamó la atención y desencadenó una ola de críticas hacia la investigación del exfiscal del caso, Jalil Rachid (hoy viceministro de Seguridad) fueron las evidencias que presentó en un principio contra los acusados: Linternas, cintos, analgésicos, hojas de papel con números anotados, aguja e hilo, machetes herrumbrados, cartuchos sin percutir, papel higiénico, cortauñas, perfumes, entre otros enseres de uso diario.
En su defensa, Rachid dijo que “toda evidencia es importante. Esta es una investigación seria y responsable”. El cuestionado manejo del caso por parte del fiscal incluso derivó en un pedido formal de estudiantes de la Universidad Católica de que el profesional sea destituido como docente de esa casa de estudios.
Una semana después, con 39 votos a favor y cuatro en contra, la Cámara de Senadores destituyó al presidente de la República Fernando Lugo Méndez, tras un juicio político que duró solo 24 horas, por “mal desempeño en sus funciones”. Presidió el país por tres años y diez meses con una marcada resistencia del sector colorado, cuyos legisladores eran mayoría en ambas cámaras.
Los acusadores responsabilizaron al mandatario de la tragedia e igualmente recordaron las invasiones y caos en el campo, además de la ola de inseguridad y la firma del Protocolo de Ushuaia II, factores que fueron sumados al apresurado juicio, que puso en el poder al liberal Federico Franco, quien hacía tiempo se había distanciado de Lugo.
Ante la inminencia de la destitución, Lugo se ausentó del juicio y minutos después aceptó la decisión del Congreso, hecho que dio inicio a una protesta frente a la sede legislativa, que fue reprimida por agentes antidisturbios que ya respondían a Federico Franco.
Los bloques regionales de los que forma parte Paraguay, el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), establecieron sanciones contra el país tras el juicio político, afirmando que se produjo un “quiebre democrático” con la destitución de Lugo.