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En junio del año pasado, ocho policías fueron condenados por un tribunal de la ciudad de Luque a condenas de entre 10 y 15 años de prisión por su participación en el asalto a un camión transportador de caudales de la empresa Prosegur, golpe registrado en febrero de 2013.
Los condenados fueron: el exjefe de Orden y Seguridad de Central José Dolores Amarilla, el extitular de la comisaría de Ñemby Osvaldo Ayala y el exsubjefe de esa unidad Joni Díaz (15 años de prisión), el oficial primero Hernán Zelaya Meza, el suboficial primero Pablo Daniel Díaz Cuevas, el suboficial mayor Antonio Ramón Alcaraz Barreto, el suboficial Hugo Alfredo Vigneaux Torres y el oficial primero David Mereles Martínez (todos con 10 años de prisión).
De acuerdo a lo establecido en la sentencia, todos debían guardar reclusión en la Agrupación Especializada. La condena fue ratificada en marzo de este año por un tribunal de alzada.
Lo llamativo del caso es que a más de un año de haber sido condenados por la justicia, varios de estos agentes siguen percibiendo sus respectivos salarios como componentes activos del cuerpo policial. Así lo dan cuenta documentos oficiales que constan en la página del Ministerio del Interior y otros papeles a los que tuvo acceso ABC Color.
De acuerdo a la nómina de salarios correspondiente al mes de junio y publicada por la citada cartera estatal, los ocho condenados siguen percibiendo sus remuneraciones en filas policiales.
Según el señalado documento, el comisario José Dolores Amarilla percibió en junio pasado un total de G. 10.505.017, que incluían bonificaciones en concepto de exposición al peligro y unidad básica alimentaria. El comisario Joni Albero Díaz Aranda cobró la nada despreciable suma de G. 8.652.300.
El oficial Primero Hernán Javier Zelaya Meza recibió G. 5.550.360,; un poco más de lo que cobró su colega, el también oficial primero Yoni David Mereles Martínez, con un total de G. 5.459.157.
El suboficial primero Hugo Alfredo Vigneaux Torres fue beneficiado con un total de G. 4.806.812 en junio pasado, siempre según los datos del mismísimo Ministerio del Interior. El suboficial mayor Antonio Ramón Alcaraz Barreto recibió G. 6.858.530, un poco más que lo percibido por el suboficial primero Pablo Daniel Díaz Cuevas, quien se llevó G. 5.262.826.
Para dejar las cosas un poco más claras, en un mes el Estado paraguayo destinó un total de G. 47.095.002 para pagar salarios a siete agentes policiales condenados por su participación en diferentes etapas de un multimillonario robo. Todo esto mientras las carencias en el seno de la institución pública se multiplican. Cabe recordar además que del botín de G. 1.850 millones no apareció siquiera un solo billete luego de todo este tiempo.
ABC Color accedió a copias de los recibos de pago de salario de dos de los agentes condenados correspondientes al mes de julio, lo que deja en claro que no se trata de un simple error en la actualización de la nómina publicada.
La cuestión es mucho más llamativa si se tiene en cuenta que desde que la justicia halló culpables a estos agentes, el Tribunal de Calificaciones de la Policía se ha reunido ya en varias ocasiones y aún así no se ha dado de baja a los mismos, puesto que siguen cobrando sus respectivas remuneraciones como si siguieran en servicio activo.
No es la primera vez que ocurre algo así en filas de la institución policial. El año pasado había saltado a la luz el caso del comisario Hermes García Balmaceda, condenado por lesión de confianza y quien no era dado de bajo por el Tribunal de Calificaciones a pesar de esto.
En administraciones anteriores, el Ministerio del Interior había establecido mecanismos para tratar de evitar que situaciones como esta, que eran muy habituales, se siguieran dando. Estos mecanismos establecían la inmediatez de la apertura de procesos por parte de Asuntos Internos y de la Justicia Policial ante casos de supuesto involucramiento de policías con ilícitos, que luego eran llevados ante el Tribunal de Calificaciones. De esta manera se dieron varias bajas y también sanciones administrativas, dependiendo de la gravedad de los casos.
La ley orgánica de la Policía no habla de inhabilidades para el ejercicio del cargo de agente de esta institución. Si bien esta institución no se guía por la misma, cabe recordar que la ley de la Función Pública establece que las personas condenadas no pueden desempeñarse con funcionarios estatales. Lo que hace que esto sea mucho más irregular aún.
Tratamos de comunicarnos con el director de la Justicia Policial, Comisario Miguel Ángel Leguizamón, para lo que llamamos reiteradas veces a su teléfono celular, dando siempre apagado. Intentamos encontrarlo en su oficina, donde nos dijeron que pasarían la llamada a su interno…la única respuesta que obtuvimos fue el silencio posterior a largos minutos de una canción de espera.
juan.lezcano@abc.com.py - @juankilezcano