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Ayer se formalizó un pedido de suspensión de los trabajos de reconstrucción, iniciados a mediados de diciembre pasado, hasta tanto la constructora presente el proyecto ejecutivo, y este sea aprobado por la Junta Municipal.
El concejal Morel señaló que, en el ejercicio de su derecho de réplica, aclara que la Junta Municipal “no se opone” a la reconstrucción del edificio municipal, como se publicó. Lo que sí exigimos es que se suspendan las obras hasta tanto se cumplan las normativas que exigen a las empresas constructoras presentar un proyecto ejecutivo de intervención, que debe ser aprobado por la Junta, señaló.
La Junta Municipal, integrada por una mayoría de legisladores colorados, opositores al gobierno de la Alianza representada por el intendente Luis Yd, exige que el Ejecutivo comunal presente un plan de intervención de reconstrucción del edificio, siniestrado en marzo del año pasado.
Aquí se están haciendo trabajos en un edificio que es patrimonio histórico y cultural de la ciudad, y nadie sabe lo que se va hacer, porque no existe un plan de trabajo que haya sido presentado para conocimiento de la Junta, y que deber estar aprobado, tal como exigen las ordenanzas, que también rigen para la Municipalidad, explicó.
De acuerdo a lo manifestado por el ingeniero Carlos Pereira, de la empresa Mega Construcciones, contratada por la compañía aseguradora para la reconstrucción de la parte del edificio municipal dañado por el incendio, no se requiere de un proyecto ejecutivo que necesite aprobación de la Junta porque “aquí lo único que estamos haciendo es reparar las partes dañadas”.
No se está haciendo ninguna intervención nueva, ni modificando nada, solamente se está reconstruyendo partes del edificio, establecido en un contrato de trabajo que tenemos con la empresa aseguradora, señaló.
Fuentes del ejecutivo afirmaron que los trabajos de reparación previstos continuarán –pese al pedido presentado por la Junta–, pero en caso que se resuelvan modificaciones, ampliaciones o introducción de nuevas obras, eso será resuelto en una “mesa de trabajo”, integrada por representantes de la Junta Municipal y de la Intendencia municipal. Existe una instancia de trabajo conjunto donde se deben discutir estos temas y consensuar las acciones, según se indicó.
El edificio se incendió en la madrugada del 25 de marzo del año pasado, en coincidencia con la fecha aniversario de fundación de la ciudad. El incendio habría sido provocado con la intención de borrar huellas de un robo producido en el local, esa misma madrugada, en el que desconocidos se llevaron un monto estimado de G. 300 millones, producto de las recaudaciones del último día de la semana.
Hay cuatro personas procesadas en relación al caso. Una excajera municipal, Mirian Irala; su pareja sentimental, Ricardo Palacios; un nexo de ambos, Armando Zacarías, supuesto proveedor de la logística; y un hermano de este, Fabián Zacarías. La causa está a cargo de las fiscalas Raquel Bordón y Lorena Castelví. Los encausados siguen el proceso con medidas alternativas a la prisión.
La reconstrucción del sector dañado del edificio comenzó a mediados del mes de diciembre pasado, y están a cargo de la empresa Mega Construcciones, cuyo director ejecutivo es el Ing. Carlos Pereira, concejal departamental de Itapúa por el PLRA.
El monto global del seguro, contratado con la Aseguradora Patria, del Grupo Banco Continental, es de unos G. 1.500 millones en lo que contempla al edificio, y unos G. 450 millones en materia de mobiliarios.
La junta municipal está conformada por los concejales Eduardo Florentín (presidente 2019), César Rojas, Andrés Morel, Ana Palacios, Pablo Novosad, Diego Aquino, Sebastian Emilio Remezowski y Jorge Hrisuk, todos de la ANR. Integran por el PLRA, los concejales Julio Arévalos y Carlos Marino Fernández, y por el partido Tekojoja están los concejales Rosmary Labiste y Juan Carlos Viveros.
En este tema puntual de la reconstrucción del edificio municipal, el concejal colorado Jorge Hrisuk tiene una posición en disidencia con sus correligionarios.