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La tarde de ayer, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) emitió un comunicado para justificar los cambios introducidos en el sistema de evaluación y adjudicación de proyectos, que generó el rechazó de la comunidad científica en general porque, según denuncian, se inmiscuirán en los estándares científicos, área que no les compete a los consejeros.
En la sesión del 2 de abril, el Consejo -integrado también por empresarios, sojeros, ganaderos, sindicalistas, etc.- resolvió por mayoría que a partir de ahora cada proyecto propuesto será remitido a los consejeros de las instituciones afines a las áreas de acción, antes de que sean analizados por evaluadores científicos. El sistema anterior establecía primero la evaluación con rigor científico y, en base al resultado de dicho análisis, el Consejo procedía a las adjudicaciones.
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Esto quiere decir, por ejemplo, que una investigación que trate sobre cuestiones relacionadas al agro será enviada para su estudio a los consejeros de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Eduardo Felippo, de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), Ricardo Felippo, y del Ministerio de Agricultura, Moisés Santiago Bertoni, todos presentes en el Consejo del Conacyt. Solo después de aprobarse será estudiada por los pares científicos.
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En el Consejo hay una minoría de académicos y la Sociedad Científica del Paraguay (SCP) sostiene que, por criterios empresariales, se eliminarán proyectos previamente a ser analizados por los evaluadores internacionales, que aplican estándares y metodologías científicos universales. Al mismo repudio se han sumado 27 organizaciones civiles, entre ONG, fundaciones y asociaciones, que consideran un retroceso desconocen la evaluación de los pares investigadores.
El lunes pasado, el mismo presidente del Consejo del Conacyt, Luis Alberto Lima, reconoció que aún no habían definido qué tipos de criterios van a aplicar para que un proyecto científico pase este “primer colador”. Pero tras la presión, los consejeros emitieron un comunicado en donde explican que van a "priorizar los proyectos que presenten mejor nivel y que se encuentren alineados con las prioridades establecidas de acuerdo a la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)".
No explicaron cómo determinarán el “mejor” nivel ni por qué la evaluación de los consejeros será previa a la de los comités de científicos internacionales. El Consejo afirma -también en el comunicado- que es por una cuestión de recursos limitados, aunque también reconoce que es por denuncias a través de las redes sociales en donde se cuestionó la financiación de investigaciones científicas sobre agroquímicos, perspectiva de género y aborto, que generó la molestia de sectores conservadores.
Una de las investigaciones financiadas por la Conacyt que más se atacó es la de la Dra. Stella Benítez Leite, a través de la Universidad Católica, que concluye que encontraron daños en el ADN de niños del área rural en Paraguay, a consecuencia de los presticidas usados en cultivos de granos.
Uno de los impulsores de las reformas del sistema de evaluación y adjudicación fue precisamente Ricardo Felippo, representante de la Feprinco ante el Conacyt. Sostuvo a ABC Color que es necesario que los miembros sepan con detalle cada propuesta para que el sector que cada consejero representa tenga conocimiento del proyecto y se pueda debatir.
La Política Nacional de CTI busca generar dinámicas y sinergias entre el sector académico, productivo, gubernamental y la sociedad civil. Las investigaciones tiene como fin dar respuesta a las necesidades sociales y productivas del país, según el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Paraguay 2017-2030, que publica el Conacyt en su sitio web.
El Consejo cuenta con solo un representante titular de la Sociedad Científica. En cambio, hay representantes de la UIP, la Feprinco, la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Asociación Paraguaya para la Calidad (APC), una asociación Mpymes y uno de centrales sindicales.
De igual forma, hay uno de universidades públicas, otro de universidades privadas, como también de la Secretaría Técnica de Planificación y de los ministerios de Industria, Agricultura, Educación, Salud y Tecnologías de la Información.
Igualmente, el Conacyt resolvió auditar las investigaciones denunciadas en las redes sociales y suspender la financiación de los proyectos “cuyos resultados sean deficientes”, según se lee en el acta de la última sesión. Pero en el comunicado no hablaron de suspender la financiación por la investigación en sí, sino de revisar el uso de los recursos públicos y eventualmente remitir a las instancias competentes si se detectan irregularidades.
Entre las otras investigaciones científicas atacadas en Twitter aparece una que calculó que en 2012 los abortos inducidos en Paraguay superaron los 32.000. Estuvo a cargo de un equipo de nueve científicos, a través del Centro Paraguayo de Estudios de Población (Cepep).
También se cuestionó que el Centro de Documentación y Estudios (CDE), integrado por la exdiputada Lilian Soto, tuvo un financiamiento de G. 89 millones para un seminario internacional de Luchas y Alternativas para una Economía Feminista Emancipatoria. De la misma forma, la organización “Somos Gay” recibió G. 180 millones para un estudio sociológico y epidemiológico sobre las infecciones de transmisión sexual en la población masculina joven de Paraguay.
Los proyectos de investigación corresponden al Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores Científicos (Pronii), financiado principalmente con el Fondo de la Excelencia para la Educación y la Investigación, proveniente de Itaipú.