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Según explicó a este diario el intendente de J. Augusto Saldívar, Daniel Acosta, los pobladores de su ciudad son en su mayoría comerciantes de distintos mercados del departamento Central, como el mercado de San Lorenzo, el Abasto y el Mercado 4, por lo que requieren de una empresa de transporte que los traslade con sus mercaderías, como canastos con comestibles, bolsos de frutas, etcétera.
Esa era la función que hasta la semana pasada cumplía la línea 57 "J. Augusto Saldívar", que si bien era un interno, llegaba hasta San Lorenzo.
Sin embargo, el pasado lunes, según refirió el intendente, el viceministerio de Transporte dispuso que la empresa ya no llegue hasta San Lorenzo, sino solo hasta el kilómetro 16.
La decisión afectó a los pobladores, que ahora se ven obligados a usar la línea 12 "Magno", con la dificultad de que esta empresa no les permite subir con sus bolsos y canastos que son sus herramientas de trabajo, denuncian.
Otra queja manifestada por los pobladores es que esta empresa, además de restringirles el traslado de sus pertenencias, les cobra el pasaje de bus diferencial (G. 3.300), precio que representa un golpe para su economía, pues acostumbraban a abonar diariamente G. 2.000 por cada pasaje.
Es por todas estas razones que decidieron cerrar totalmente la ruta 1, al atardecer de este viernes, específicamente a la altura del kilómetro 25.
Los pobladores piden el retorno de la línea 57. Si bien el intendente dijo comprender que al tratarse de un interno, la limitación del tramo corresponde legalmente, señaló que los pobladores “no ven esto, solo ven la gran necesidad que tienen de un colectivo que les lleve con sus mercaderías hasta sus lugares de trabajo”, enfatizó.
“Presta un servicio ilegal”
Nos comunicamos con el viceministro de Transporte, Agustín Encina, para consultarle cuál es la situación exacta de la línea 57, a lo que nos respondió que la empresa J. Augusto Saldivar “presta un servicio ilegal cruzando varios municipios sin tener el permiso para hacer un servicio intermunicipal”.
Añadió que además del servicio irregular, cuenta en su parque con buses “sin las mínimas condiciones de seguridad”.
Mencionó que desde el jueves 15, el Viceministerio de Transporte instaló un puesto fijo de control sobre la ruta 1, en la frontera entre las ciudades de Capiatá y San Lorenzo, para evitar que empresas irregulares presten un servicio “ilegal, exponiendo la vida de los usuarios”.