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Jessica Reyes Aguilera, exasesora jurídica y exjefa de la Unidad Operativa de Contraciones (UOC) de la Senad, prestó declaración ante el fiscal Martín Cabrera en el marco de la causa abierta contra los exministros antidrogas Francisco De Vargas y Luis Rojas por la supuesta adquisición irregular de equipos de escucha que terminarían desapareciendo de la institución.
Reyes Aguilera señaló durante su declaración que el proceso del equipo sensitivo móvil por parte de la Senad se inició en agosto de 2012, unos dos meses después de que Francisco De Vargas fuera nombrado como titular de la institución por el presidente Federico Franco.
En aquella época, la mujer se desempeñaba como Asesora Jurídica de la Dirección de Administración y Finanzas de la Senad. Poco después, en setiembre de ese mismo año, pasaría a ser jefa de la UOC, oficina encargada de todo proceso de compra en la institución. Permaneció en ese cargo hasta el 23 de octubre, cuando decidió dejar el cargo.
“Renuncié por motivos de presión, ya que me negaba a realizar los trámites para la compra de los Equipos Sensibles sin el Decreto del Poder Ejecutivo”, afirmó Reyes Aguilera.
Siguió relatando que tras su renuncia al cargo de jefa de la UOC, en el cargo fue nombrado Alberto Daniel Ferreira Martí. A partir de ahí, se iniciaron los trámites para la compra de los equipos.
Unos días más tarde, Reyes Aguilera terminaría firmando el dictamen para la compra, pero en su carácter de asesora jurídica de la Dirección Financiera de la Senad, debido a que el asesor jurídico de la Senad, Víctor Barreto, también se había negado a firmar el documento. “Mi jefe, el Lic. Antonio Pereira, me ordena a firmar”, aseguró.
A través de ese dictamen, se solicita a Contrataciones Públicas la emisión de un código especial de contratación y la no publicación de dicho proceso de compra.
Reyes indicó que la responsabilidad por el dictamen es exclusiva del jefe de la UOC y que el mismo había obedecido al pedido de la Dirección General Antidrogas.
Además relató que en diciembre de 2012, la contadora de la Senad, Leticia Franco, también presentó renuncia al cargo debido a que tenía que obligar el pago, es decir solicitar la transferencia de recursos a nombre de Televox S.R.L., por la compra de los equipos sensibles. “Ella había mencionado su preocupación por el nivel de presión que existía para ese pago, a lo cual no accedió ya que en ese entonces aún no se habían recepcionado dichos equipos”, afirmó la exjefa de UOC de la Senad.
El exministro del Interior Francisco José de Vargas y el extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Luis Rojas soportan desde ayer un proceso penal por lesión de confianza, derivado de la compra de equipos de escucha telefónica.
Además de De Vargas y Rojas, también han sido incluidos en el proceso los exfuncionarios de Senad Antonio Pereira, Silvio Amarilla, Alberto Ferreira, Adalberto Benítez, Hugo González y Jessica Reyes por lesión de confianza en grado de complicidad.
La nómina de procesados sigue con los directivos de Televox, Nicasio Bóbeda y Alfredo Bóbeda, por contrabando y producción de documentos no auténticos y la contadora de la compañía, Silvia Jara Acha por producción de documentos no auténticos.
Esta causa penal tiene relación con la compra irregular de dos equipos de escucha telefónica adquiridos para la Senad.
La primera compra se materializó en el 2012, cuando De Vargas, entonces titular de la Senad, desembolsó G. 9.406 millones por el denominado “sistema de rastreo sensitivo móvil”. La Fiscalía sostiene que esta operación fue innecesaria, ya que el equipo ni se habría utilizado.
La segunda compra se concretó en el 2015, cuando Luis Rojas pagó G. 1.250 millones por el llamado “equipo táctico de comunicación”.
Para ambas operaciones se recurrió a la firma Televox SRL, creada aparentemente para consumar estas transacciones con la Senad.
El total pagado por la institución fue de unos US$ 2.500.000.
La imputación presentada por el fiscal Martín Cabrera destaca que informes proporcionados por el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Aduanas precisan que la firma Televox SRL solamente realizó las dos operaciones con la Senad, y luego ya no reportó movimiento alguno.
La Subsecretaría de Estado de Tributación reveló que la firma presentó facturas de contenido falso por más de 5.000 millones de guaraníes.
Otro punto llamativo es que recién en abril del 2013 se inscribe como importador permanente y que no se halla inscripta como representante oficial en el país de la marca Cobham, marca de los equipos vendidos a la Senad.
De Vargas y Rojas deben presentarse en tribunales el próximo 7 de diciembre a las 08:30 y 09:00, respectivamente, para una audiencia de imposición de medidas. Así lo dispuso el juez Humberto Otazú.
Los directivos de Televox Nicasio Bóbeda y Alfredo Bóbeda, procesados por contrabando y producción de documentos no auténticos y la contadora de la telefónica, Silvia Jara Acha por producción de documentos no auténticos, deben presentarse el 6 de diciembre a partir de las 08:30.
El viernes 9 deberán hacer lo propio los funcionarios de la Senad Alberto Ferreira, Antonio Pereira y Jessica Reyes, todos procesados por lesión de confianza en grado de complicidad.
La serie de audiencias finaliza el lunes 12, fecha en que deberán presentarse en tribunales Silvio Amarilla, Hugo González y Adalberto Benítez, también funcionarios de la Senad procesados por lesión de confianza en grado de complicidad.