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No es la primera vez que el exministro Miguel Óscar Bajac se ve involucrado en pedidos de coimas. Ya en julio de este año Nery Felipe Páez había presentado una denuncia ante la Fiscalía por el pedido de cobros para que Bajac cambie su postura en un litigio. Esta mañana, confirmó que en ese entonces fue convocado al menos 17 veces en su vivienda para acordar el “trato”.
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“Él (Bajac) me esperaba en le portón (de su casa). En las cámaras de los vecinos se pude comprobar”, afirmó Páez. Igualmente, aseguró que tiene todas las grabaciones, denuncias hechas formalmente e incluso documentos, pero teme que el caso quede en el oparei.
Mencionó que el exministro y su hija, la senadora María Eugenia Bajac, actúan con prestanombres y testaferros, como Gustavo Franco, Rafael Ramírez, Carlos Miguel Lesme y Juan Ávila. “Todo ese equipo tienen”, aseveró.
Además, comentó que la Fiscalía allanó la oficina de Bajac y, en busca de borrar evidencias, el exministro mandó averiar todas las cámaras de seguridad de los alrededores de su vivienda. “Como un niño que rompe su juguete, rompió todo y escondió todo”, comparó.
Páez señaló que delató todo el modus operandi ante la Fiscalía y, en consecuencia, la Corte actuó en su contra en el litigio que llevaba adelante. “No creo que se hagan las cosas en forma, ni el propio Ejecutivo tiene interés”, lamentó.
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Una comitiva detuvo en julio pasado a un facilitador judicial que supuestamente actuaba en nombre de los ministros Bajac y Raúl Torres Kirmser.
De acuerdo con la denuncia presentada al Ministerio Público por Nery Páez, el detenido, de nombre Rafael Luis María Doldán, era intermediario y pedía la suma de US$ 50.000 para que cambie su postura en un litigio entre una empresa y la Industria Nacional del Cemento (INC).
El denunciante explicó que el pleito involucra a su empresa, Cal Agro SA contra la INC, que data del 2009. Explicó que la negocio había ganado la licitación pública para explotar la cantera del INC pero tras reparar las maquinarias, ya no les dejaron trabajar en la trituración. El juicio es por un perjuicio de 40 millones de dólares.