Fiscalía imputó al directivos de la UNE

Directivos y docentes de la Universidad Nacional del Este (UNE) fueron imputados por los supuestos por una serie de supuestos hechos punibles entre ellos estafa y cobro indebido de honorarios. El rector de la UNE también se encuentra entre los procesados.

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El fiscal Miguel Ángel Alvarenga presentó imputación contra directivos, exdirectivos y docentes de la Universidad Nacional del Este (UNE) por los supuestos hechos punibles de estafa, lesión de confianza, cobro indebido de honorarios, producción de documentos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso.

Los ahora procesados son el rector de la UNE, Gerónimo Manuel Laviosa González, y el exrector Víctor Brítez Chamorro, además de Eustaquio Martínez, Carlos Montiel, Napoleón Velázquez, Édgar Acosta, Liz Ovelar, Aldo Villalba, Gabriela Bobadilla, Herminia Delgado, Eligio Álvarez, Hugo Reinaldo Franco, Luis Cadogan, Armando Blaires, Mirta Arrúa, Pedro Regalado Romero, Jorge Hugo Fariña, Milciades Chilavert y Blanca Tottil de Moreno.

La causa se inició el 2 de octubre de 2015 a raíz de una denuncia presentada por Miguel Ángel López e Ignacio Daniel Medina, en representación de la Asociación de la Sociedad Civil sin fines de lucro del Alto Paraná.

Según la investigación del Ministerio Público, los ahora imputados alteraron documentos sobre asignaciones de cátedras de varias unidades académicas, por lo que perjudicaron a diversas instituciones de la UNE y a los estudiantes.

Otros implicados fueron contratados para realizar trabajos en diferentes dependencias de la universidad, sin cumplir funciones específicas, incluso ni siquiera aparecen en la institución educativa, pero perciben millonarias sumas de dinero en concepto de sueldo, obteniendo beneficios indebidos, añade el escrito fiscal.

El representante del Ministerio Público solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión, recomendando al Juzgado Penal de Garantías los siguientes requisitos para el efecto: la obligación de los imputados de presentarse ante el Juzgado una vez al mes, la prohibición de salir del país, la localidad en la cual resida o del ámbito territorial que fije el juez.

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