Aduanas comparecerá ante ministerio uruguayo

La Dirección Nacional de Aduanas deberá comparecer el 17 de octubre ante el Ministerio del Trabajo de Uruguay ante una demanda hecha por un funcionario uruguayo que reclama unos U$S 60.000. Aduanas dice desconocer el motivo exacto de la acción judicial.

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Una acción judicial presentada por un funcionario uruguayo ante el Ministerio del Trabajo en Montevideo, capital de Uruguay, motivó que la dependencia de dicho país cite a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) en representación del Estado paraguayo a comparecer por la denuncia por un monto de más U$S 60.000. Según una fuente de ABC Color, se trataría de una irregularidad cometida por funcionarios aduaneros paraguayos que operan en una delegación en el país charrúa.

Sin embargo, esta situación fue desmentida por la abogada Elodia Almirón, directora de Asuntos Jurídicos de la Dirección Nacional de Aduanas, quien en conversación con esta redacción, aseguró que si bien fueron citados por la cartera de trabajo uruguaya, aún desconocen el motivo exacto por el que fue iniciado el proceso judicial. Remarcó que no se trata de una irregularidad.

“No sabemos qué pasó exactamente. No fue una irregularidad, pero por la citación puedo colegir que se trata de la posibilidad de una acción laboral ligada a la gestión de la delegación”, precisó la funcionaria pública para luego informar que se deberá comparecer el próximo viernes 17 de octubre a partir de las 13:30.

Indicó que sobre esta situación ya fueron notificadas las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Procuraduría Nacional de la República para establecer una estrategia procesal.

Al establecer comunicación con el embajador uruguayo en nuestro país, Federico Perazza, este dijo aún desconocer la situación.

“En este caso estamos hablando del Estado Paraguayo, si bien es citada la DNA, pero yo estoy casi segura que debe comparecer si es que decide hacerlo el Estado porque se tiene que analizar la inmunidad de competencias de jurisdicción”, detalló la abogada.

Agregó que son varios puntos los que deben ser tratados antes de la comparecencia en conjunto con la Cancillería y la Procuraduría, ésta última que por mandato constitucional del artículo 246, debe defender los intereses del Estado considerando que “acá están pretendiendo un cobro de más de U$S 60.000”.

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