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La versión oficial refiere que Ignacio Servín Ríos (62), oriundo de la colonia Naranjito de General Resquín, en el departamento de San Pedro, fue abatido en un enfrentamiento con policías el pasado 9 de setiembre. Al ahora fallecido, que se dedicaba a la producción de marihuana en la zona, se le atribuyó además el asesinato del suboficial Javier Rodrigo Dávalos González.
La esposa, Elba Giménez Vda. de Servín, salió al paso de esta versión y sostuvo que la investigación del homicidio del uniformado fue utilizada a favor de los policías de la zona para esconder el aparente motivo real de la muerte de Servín, que estaría ligada a un caso extorsivo.
Durante un acto público, la viuda insistió en que la comunidad de General Resquín sabe y conoce la realidad de la zona, donde impera la corrupción en varias esferas, pero prefiere callar por temor a represalias.
"Hace dos años que estamos arrastrando con nuestra familia. La primera vez que le agarraron le llevaron como si fuera un delincuente. Le pidieron G. 13 millones. Juntó G. 11 millones y no quisieron agarrar hasta que completó", afirmó doña Elba.
Según la mujer, los policías de la zona volvieron a la carga y exigieron otros G. 5.000.000, a lo que Ignacio respondió que no los tenía y que ya no iba a darles más. “Eso fue lo que le costó la vida a mi marido; fueron esos cinco millones que no pudo recaudar. El que no tiene dinero paga con la vida”, dijo.
En el acto en cuestión, la mujer reveló otras irregularidades en el proceder policial, como la invasión de una propiedad de la familia sin orden judicial, así como también los 180 impactos de bala en la camioneta, mientras que en el cuerpo de su marido se hallaron dos impactos, uno de ellos en la sien.
En General Resquín, así como en varios distritos de los departamentos del Norte, ante la falta de cultivos rentables, los productores no tienen más opción que dedicarse al cultivo de la marihuana, que encierra riesgo de muerte.