Según informó la ministra de Justicia, Sheila Abed, la CIDH pretende recabar datos sobre la situación del pueblo indígena ayoreo totobiegosode -el último pueblo indígena aislado en América fuera de la Amazonia- que lucha por preservar el bosque donde viven en aislamiento voluntario sus familiares.
La comunidad indígena acusa a la empresa brasileña Yaguareté Porá, que posee 78.500 hectáreas en la zona, considerada territorio ancestral de los nativos, de talar de forma ilegal unas 4.000 hectáreas de bosques entre abril y septiembre de este año. Denunciaron a la empresa por deforestar su finca e incluso por cortar árboles ilegalmente en la reserva natural titulada a nombre de los indígenas.
Los ayoreo totobiegosode recalcan que la deforestación no solo pone en peligro el ecosistema único del Chaco Boreal, sino la supervivencia de sus familiares que rehusaron salir del bosque y el contacto con la civilización occidental.
Abed aseguró que el lunes mantuvieron una reunión entre varios ministros con el vicepresidente de la República, Juan Afara, para consensuar “una visión articulada de cuál sería la presentación ante el comisionado”.
También aseguró que los ministros dieron a “conocer los avances en sus respectivas carteras en lo que hace al cumplimiento general de los acuerdos y sentencias de la Corte Interamericana”.
El Tribunal de Cuentas de Paraguay ha instado al Gobierno a que le informe de las medidas tomadas para evitar que la empresa brasileña Yaguareté Porá deforeste en la región del Chaco.
El mes pasado, la Secretaría Nacional del Ambiente (Seam) aseguró en un escrito que no puede actuar contra la empresa “porque el caso está judicializado y una jueza ha ordenado 'no innovar acciones' y permitir a la firma proseguir los trabajos”.
La institución se refiere a la jueza de la ciudad de Puerto Casado Luz Marizza Cardús, ante la que la empresa inició una acción legal paralela a la que se sigue en el Tribunal de Cuentas.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados suspendió recientemente a esa jueza por hechos punibles en la tramitación de expedientes.
Los abogados de los indígenas argumentan que ese juzgado local no era competente para ver el caso y que se debió trasladar a Asunción, donde está ubicada la sede de la Seam.
Esa Secretaría aseguró que la licencia ambiental fue otorgada a la empresa “mucho antes de esta administración”. Sin embargo, la propia Seam la renovó en octubre de 2013, bajo el actual mandato del presidente Horacio Cartes.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido tres sentencias en contra de Paraguay por la violación de los derechos de los pueblos indígenas que viven en el país, que el Gobierno aun no ha cumplido.