La sobrepoblación de las prisiones de Paraguay aumenta la inseguridad y facilita la aparición de grupos delictivos, como ocurrió en Brasil, Honduras y Salvador, dijo en una rueda de prensa el relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH, James Cavallaro.
“El crimen organizado en América tiene su formación y su historia en los penales sin condiciones mínimas, con violaciones graves a los derechos humanos, con autogobierno, elementos que se reproducen cada vez más en Paraguay”, declaró Cavallaro, tras una visita de una semana a las cárceles y autoridades competentes del país guaraní.
“Lo que más nos preocupa es que el futuro de Paraguay sea el presente que vive Honduras (el país con la tasa de homicidios más alta del mundo, según la ONU), si no cambia la idea y el paradigma de que hay que meter a todos en la cárcel y de que no importan las condiciones de los presos, por ser presos”, manifestó Cavallaro.
“El abandono de las cárceles por parte del Estado ha servido para aumentar, y no reducir, los niveles de inseguridad”, aseguró la Relatoría en su informe sobre Paraguay presentado a la prensa.
Según el relator, la tendencia en Paraguay y en el resto del continente es el abandono de la población penitenciaria, lo que ha hecho que los penales suelan ser “el lugar preferencial de estructuración de los grandes grupos delictivos”.
El representante de la CIDH puso como ejemplo la banda criminal brasileña Primeiro Comando da Capital (PCC), que se dedica al tráfico de drogas y armas.
Muchos de sus integrantes se encuentran encarcelados o escondidos en el país guaraní, desde donde aprovechan la corrupción para seguir operando con la banda, al menos en temas logísticos, según la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
El relator constató “un entramado de corrupción” en la prestación de servicios a los internos de los penales, que deben pagar por la comida, celdas y camas.
También denunció que los guardias de la prisión de Emboscada maltratan a los internos y que en el Centro de Menores de Itauguá se encierra a niños y adolescentes en celdas de aislamiento, algo que es ilegal.
Cavallaro mostró su preocupación por las condiciones de vida de las personas transgénero en el mayor penal del país, Tacumbú, donde viven en un lugar sin luz y ventilación, y sufren abusos sexuales de los internos, según detalló.
“Los Derechos Humanos exigen que esas personas sean tratadas de forma digna, y que haya rehabilitación y reinserción”, dijo el relator, que aseveró que las políticas de seguridad de los últimos años de Paraguay “se han caracterizado por medidas represivas”.
Entre ellas está la tipificación de nuevos delitos, el aumento de las penas, el uso “abusivo” de la detención preventiva y la ausencia de mecanismos alternativos a la privación de libertad.
Cavallaro criticó el “muy alto porcentaje” de veces que los jueces paraguayos decretan la prisión preventiva.
“La lógica parece ser que sospechoso es igual a cárcel y los resultados de esa actuación son evidentes: hacinamiento brutal, condiciones de vida casi imposibles en los penales, ya que no hay condiciones para albergar a todos”, expresó.
El 70 % de las aproximadamente 10.000 personas en las cárceles de Paraguay está en prisión preventiva, a la espera de juicio, según datos oficiales.
La Relatoría dijo que además de la necesaria mejora de infraestructura que el Gobierno ha iniciado, hace falta “un cambio del paradigma del modelo actual, donde el pobre o sospechoso de ser bandido deje de ir a la cárcel”.
El relator destacó que pese a permanecer una semana en el país, el director de Instituciones Penitenciarias, Artemio Vera, exdirector del penal de Tacumbú, y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), organismos clave en este tema, evitaron recibir al equipo de la CIDH.
Cavallaro aseveró que varios jueces le dijeron que no aplicaban medidas alternativas por miedo a ser sancionados por el JEM.