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Este jueves, el juez Humberto Otazú ratificó la prisión para Sánchez y su hermano Ardonio Sánchez, acusados por lavado de dinero. “Chicharõ” es un diputado suplente por el Partido Colorado y protagonizó una escandalosa historia el pasado mes de mayo, cuando logró burlar todos los controles y se reunió con Basilio Núñez, asesor del presidente Horacio Cartes.
Hugo López, juez defensor de Sánchez, dijo que su cliente está preso solo por presión mediática y porque es una “amenaza” para la autoridades de la frontera por “todo lo que sabe”. “Esto está manejado por el mediatismo (sic), por el temor que tienen los magistrados, los fiscales y los jueces de caer en la crítica de la prensa. Este es un caso mediático porque mi cliente se apoda “Chicharõ”, porque es un señor que está metido en la política, es diputado suplente, es candidato a intendente de autoridad y le desafía a las autoridades sin ningún límite, entonces el mismo es una persona de cuidado para las autoridades y es una persona que trasciende lo territorial de su pueblo por los casos de denuncia a las autoridades. No sé qué pesa más para los jueces, si la cuestión política o la mediática”, criticó López, en una curiosa defensa de su cliente.
“Está muy mal, estamos muy mal en el Paraguay. Esta situación exalta la poca garantía que hay en estos Tribunales. Mi cliente fue nuevamente puesto en prisión, se ratificó su prisión con fundamentos que para nosotros no existen, que tampoco existen en el plano real, en el expediente. Mi cliente está siendo acusado por lavado de dinero, que es un delito (…) que en nuestro país está tipificado como de menor cuantía. Vamos seguramente a apelar, a efectos de solicitar la libertad de nuestro cliente”, ratificó en conversación con ABC Televisión.
“La justicia se somete a lo mediático. Si nos vamos a juicio oral vamos a insistir en el juicio a nuestro cliente. La Fiscalía no probó absolutamente nada. No existe ningún indicio de que el dinero de mi cliente provenga del narcotráfico. Mi cliente tiene muchas informaciones. Ustedes no se imaginan las informaciones sobre el comportamiento delictivo de nuestras autoridades. Mi cliente tiene muchas pruebas de eso, por elementos de poder”, concluyó.
El 24 de mayo pasado, el juez José Delmás decretó la prisión preventiva para los acusados de lavado de activos. El 1 de julio pasado, el juez Humberto Otazú rechazó un planteamiento de libertad por parte de ambos. La defensa consideró que sus clientes deben ser beneficiados con libertad ambulatoria, considerando que los hechos por los que se los acusa -según argumenta- son delitos. El juzgado, por su parte, aclaró que en este caso se habla de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, lo que sí es catalogado como un crimen.