Cuando el año pasado se comenzó a criticar la estrecha relación que mantenían con Carlos Rubén Sánchez Garcete, alias “Chicharõ”, los diputados colorados Freddy D’Ecclesiis (San Pedro) y Marcial Lezcano (Amambay), hicieron de todo para tratar de convencer a la opinión pública de que en realidad su amigo no era el narcotraficante que todos decían y que en realidad todo se trataba de una persecución política.

Tan seguro estaba el mismo “Chicharõ” que se tomó el atrevimiento de asistir a una entrevista radial en la que se encontró cara a cara con el ministro de la Senad, Luis Rojas y lo trató de cobarde y bandido, entre otras cosas más.

Sin embargo, cuando informes de la Senad y una investigación periodística realizada por ABC Color salieron a la luz y dieron cuenta de los vínculos no solo de Sánchez Garcete sino también de los mismos D’Ecclesiis y Lezcano con el narcotráfico, todos decidieron llamarse a silencio.

“Chicharõ” -que tan horondamente hacía acusaciones contra autoridades y periodistas que lo criticaban- decidió permanecer en el anonimato durante varios meses, incluso cuando saltó a la luz que estaba siendo investigado por lavado de dinero.

El silencio se rompió luego de que fuera detenido el pasado viernes mientras se encontraba en compañía del diputado Marcial Lezcano en una lujosa camioneta BMW en una estación de servicio de Asunción.

Desde entonces, Sánchez Garcete se ha dedicado a hacer un poco de show cada vez que aparece en público. En sus apariciones no solo critica a los ministros De Vargas y Rojas sino que llegó incluso a amenazar al fiscal Marcelo Pecci, quien lleva adelante la investigación en su contra, sin importarle que una cámara estuviera filmando todo. Siempre repitiendo además que es inocente y que todo se trata de una persecución en contra.

Pero los datos dicen totalmente otra cosa.

De hecho, organismos de seguridad de Brasil y Paraguay consideran que “Chicharõ” es la mano derecha del capo Luiz Carlos da Rocha, más conocido como Cabeça Branca, el mayor narcotraficante del Brasil. Así consta en la investigación “Narcosul” realizada por el diario Extra del vecino país.

La primera vinculación del hoy diputado suplente con el narcotráfico data ya del año 2000, según datos que constan en documentos de la justicia brasileña. El 6 de febrero de aquel año, un hombre llamado Ademir Machado Primo fue detenido mientras transportaba unos 2.429 kilogramos de marihuana camuflada en un cargamento de madera. La investigación demostró que Carlos Rubén Sánchez era el dueño de un aserradero establecido en Capitán Bado, donde se había cargado el camión.

Un par de años después llegaría su primera condena en el vecino país y fue por la utilización de una identidad falsa.

Adriano Lopes Bordón. Ese era el nombre que utilizaba en Brasil cuando fue condenado a tres años de prisión por primera vez por utilización de documentos falsos. En principio debía cumplir la pena en un reclusorio, aunque luego fue beneficiado con prisión domiciliaria; sin embargo, Sánchez incumplió con los requisitos que había establecido la condena, dejó de comparecer y huyó. Para la justicia brasileña fue un prófugo.

Todavía huía por la primera causa, cuando en 2008 la Policía Federal del vecino país lo detuvo por un caso de lavado de dinero y ocultamiento de bienes por la compra de una camioneta. El vehículo había sido adquirido a nombre de Joana Izabel Cardoso, quien entonces era novia de Sánchez, y nunca fue declarado ante la Receita Federal.

La causa cayó en manos del juez federal Odilón de Oliveira, quien el 10 de junio de 2010 condenó a Sánchez a cuatro años de prisión. Meses atrás, durante una entrevista exclusiva con ABC Color, el juez brasileño explicó que lo había condenado por sus vinculaciones con el narcotráfico. “Yo lo condené por lavado de dinero, porque él adquirió bienes lavando dinero proveniente del narcotráfico. Él es narcotraficante, reconocido en mi sentencia que ya es definitiva”, dijo De Oliveira en aquella oportunidad.

Durante el proceso, se consiguió romper el sigilo bancario de Sánchez para encontrar que tenía un gran movimiento financiero en depósitos. En enero de 1999, por ejemplo, recibió un depósito de 97.293,05 reales (unos G. 180 millones al cambio actual); en el 2000 recibió 160.192; y en 2001, 32.160.

“Hace del tráfico su medio de vida, arruinando la vida de muchas personas y destrozando familias. Gana dinero causando miseria”, se puede leer textualmente en la condena que le dio De Oliveira a Sánchez el 10 de junio de 2010. Para el juez no quedaban dudas y se ratificó: “Él es traficante”.

Sánchez huyó y la justicia brasileña declaró su rebeldía y solicitó orden de captura internacional. Su abogado, Marcus Vinicius Bernardes Gusmao, presentó varias solicitudes de hábeas corpus que fueron rechazadas por el ministro Moura Riberio, relator de justicia en el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región.

A pesar de encontrarse prófugo, “Chicharõ” decidió presentarse como candidato a diputado suplente por el departamento de Amambay. Su incursión en la política se dio de la mano del movimiento liderado por Marcial Lezcano, quien ese entonces se encontraba alineado a las filas lideradas por Luis Castiglioni y Javier Zacarías Irún.

Lezcano llegó a la Cámara Baja y ahora piensa en presentarse como candidato a intendente de Pedro Juan Caballero. De ganar, Sánchez podría llegar a ocupar el cargo y con ello recibiría los fueros de un parlamentario, aunque él estaba pensando también presentarse como candidato a la intendencia de Capitán Bado.

El 8 de setiembre de 2013, casi cinco meses después de haber sido electo, Sánchez fue detenido durante un sorpresivo operativo realizado por efectivos de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y encabezado por los fiscales Isaac Ferreira y Marcelo Pecci, en la zona céntrica de la ciudad de Capitán Bado. Tenía una orden de detención con fines de extradición firmada por el juez paraguayo Pedro Mayor Martínez, que obedecía al mandato de prisión que había emanado Odilón de Oliveira.

Se había solicitado su extradición, pero la defensa de Sánchez Garcete solicitó la transferencia de la ejecución de la pena para que la pudiera cumplir en territorio paraguayo. Chicharõ fue trasladado al penal de Tacumbú, donde permaneció recluido hasta el 11 de setiembre pasado cuando el mismo Pedro Mayor Martínez decretó su prisión domiciliaria.

El último que lo involucra muy pocos lo conocían hasta que una investigación realizada por ABC Color lo sacó a la luz en diciembre pasado: el 22 de julio del año pasado, una avioneta que pertenecería a Sánchez Garcete aterrizó sobre una motocicleta en la que viajaban dos hermanas y el hijo de una de ellas. Los mató en el acto a los tres.

Casi inmediatamente se presentaron unos capangas de nombres Aristeo Escobar, Jorge Denis y Mané Rojas (todos paraguayos, conocidos en la zona como secretarios de Chicharõ) y un brasileño que no pudieron identificar. Aparecieron con dos camionetas S10 y, lejos de ocuparse de los muertos, apuradamente vaciaron la avioneta. Sacaron varias bolsas mientras amenazaban al único sobreviviente de que, si faltaba una de ellas o él hablaba, lo iban a matar también. Las únicas fotos que tomó el atribulado hombre le fueron borradas y le confiscaron su celular mientras auxiliaban al piloto y lo llevaban hasta una casa cercana. Cuando apareció el fiscal Leonardo Cáceres, ya solo quedaban los cadáveres...y a la avioneta parecía haberla pilotado un fantasma.

Doña Ignacia Ayala, mamá de Celia e Isabel, fue contactada después por Aristeo Escobar, uno de los capangas. El hombre fue a decirle que no presentara denuncia y que Carlos Rubén Sánchez, alias Chicharõ, diputado suplente de la República del Paraguay, quería hablar con ella para darle una indemnización. Pero como Chicharõ estaba preso en Tacumbú, doña Ignacia debía venir a Asunción a hablar.

El sábado 16 de agosto el nombre de doña Ignacia quedó registrado como la número 5 de entre las visitantes femeninas que ingresaron a Tacumbú. Los guardias consignaron su nombre, su número de cédula y el nombre y apellido del interno que iba a visitar: Rubén Sánchez.

Ahora, Sánchez Garcete afronta una investigación por lavado de dinero. La serie de allanamientos realizados desde su detención dan cuenta del costoso estilo de vida que llevaba el mismo y las numerosas propiedades que figuraban a nombre suyo y de su hermano, incluyendo una casa en un exclusivo barrio de Asunción, una estación de servicio y estancias, en una de las cuales encontraron hasta un pequeño zoológico. Lujos que muy pocos se podrían dar.

Aún así, Chicharõ como sus defensores sostienen que no hay nada firme en su contra. Los numerosos documentos que existen, demuestran totalmente lo contrario.

juan.lezcano@abc.com.py - @juankilezcano