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El Congreso, en el estudio del Presupuesto para este año, había negado G. 163 millones al Ministerio del Interior para la compra de un software para el “mejoramiento del Sistema Nacional de Identificaciones y Emisión de Cédulas y Pasaportes en Paraguay”
“Un chanchullazo y, por sobre todas cosas, una desvergonzada utilización de fondos del Fonacide para llevar adelante una licitación que fue denegada por el Congreso tanto en la Bicameral de Presupuesto como en ambas Cámaras, que de un plumazo con dinero de Fonacide, la ministra de Hacienda, Lea Giménez, el Ejecutivo, la Dirección de Contrataciones públicas deciden llevar adelante a tambor batiente está licitación”, acusó Amarilla.
Recordó que durante el estudio del Presupuesto 2018 recibieron varias denuncias de presunto amaño de la licitación en favor de la empresa Consorcio Documentos Electrónicos del Paraguay, cuya representante legal según el portal de Contrataciones es Lia Zanotti Cavazzoni y por ello denegaron los fondos para la licitación.
“De hecho, nadie estaba en contra de la readecuación de la plataforma tecnológica, pero para los que estudiamos el Presupuesto 2018, tanto la Contraloría como otros oferentes interesados en concursar habían objetado el pliego de bases y condiciones; tuvo por lo menos ocho adendas. La Contraloría había dicho que no se podía continuar con la licitación porque no tenía partida presupuestaria asegurada y porque está orientada a favorecer a una empresa”, comentó Amarilla.
“La empresa CDE, que se presume estaría capitaneada por López Moreira, el año pasado, incluso decreto mediante, había orientando al comisario Francisco Resquín para que viaje a Francia a visitar la empresa”, dijo como una de las primeras sospechas de negociado.
Sin embargo, ahora confirmamos que “discrecionalmente, entre gallos y medianoche, el Ejecutivo reprograma fondos del Fonacide para la compra de ese software”, dijo el diputado liberal, que si bien ya cuenta con los documentos oficiales, pedirá informes a Hacienda a fin de dejar constancia.
Lamentó que ayer fue hasta el Ministerio de Hacienda para consultarle personalmente a la ministra Lea Giménez sobre el caso, pero esta no lo atendió alegando una sobrecarga en su agenda.
Agregó que dependerá del seguimiento que se le dé al tema para tratar de frenar esto, que tiene fuerte tufo a negociado en momentos decisivos para la campaña electoral.
Ante todo esto, ya en la sesión de Diputados, dijo que amerita que la nueva fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, ordene una investigación de oficio ante esto, que denominó un robo a cara descubierta.