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“Empezaron a entrar muchas personas extrañas, hay muchos políticos de turno que tienen prestanombres y acaparan las tierras”, denunció Victoria Villalba, una de las primeras pobladoras de Nueva Mestre, comunidad creada como colonia mediante ley en el año 1993. Agregó que los terrenos no son tierras fiscales, pero que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INndert) quiere darles ese manejo para titularlas de forma express.
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“El Indert es responsable de estos atropellos. La ley refiere que hasta 50 hectáreas por familia se puede tener, pero ahora quieren aumentar a 4.000 hectáreas y eso es inviable; significa que va faltar para los más pobres que ya están allí”, dijo en referencia a la Ley 4.882 que sanciona la comisión de hechos punibles contra bienes patrimoniales destinados a la política agraria del Estado.
“La ley es clara y se tiene que respetar la justa distribución entre los pobladores a quienes corresponde las tierras, no a prestanombres y menos acaparando miles de hectáreas”, añadió. El precio de venta sería también de G. 50.000 por hectárea para los que no son de la zona, que es un precio irrisorio que busca, claramente, beneficiar a solo un sector, indicó Villalba.
Otro punto que angustia a los pobladores es que por las noches es frecuente la circulación de personas extrañas y armadas en la zona. La situación genera zozobra; “salen con máscaras y armas deteniendo a las personas, rompen también los puentes y las alcantarillas”, dijo la lugareña.
Antecedentes
En el año 1993 se construyó un primer núcleo de 50 viviendas, más local comunitario y un tajamar, en Nueva Mestre, que antes ya era una colonia lechera. Surgió como una solución y respuesta a las familias campesinas sintierra que vivían en precarios campamentos a la vera de la ruta Transchaco entre los km 134 y 218.
El Obispado de Benjamín Aceval, dirigido entonces por monseñor Mario Melanio Medina, buscó ayuda internacional para evitar que fueran desalojadas de la franja de seguridad de la ruta y fueran ubicadas en un asentamiento preparado para el autosustento.
El obispo, en ese entones, halló eco en una ONG italiana: la Asociación Solidaridad para el Desarrollo (ASES) que a su vez obtuvo fondos no reembolsables en la Unión Europea (UE). El gobierno, a través del entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR, actual Indert), gestionó unas 20.000 hectáreas, 5.000 de las cuales fueron destinadas a reserva forestal.
Fue entonces que la colonia, constituida por familias que vivían a la vera de la ruta, se proyectó para cuenca lechera. Crearla significó unos G. 14.000 millones y pocos años después, al culminar el proyecto lechero, quedaron abandonados a su suerte con los servicios básicos mínimos, con nula presencia del Estado.
Intentamos hablar sobre la denuncia con autoridades del Indert, pero hasta el cierre de la nota no devolvieron nuestras llamadas telefónicas. Estamos abiertos en caso de que deseen referirse al caso.