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La licenciada en Enfermería Graciela Mongelos, quien se desempeñaba como encargada del pequeño puesto de salud de Puerto Guaraní del distrito de Fuerte Olimpo, dijo que tras la “persecución” que supuestamente sufrió de parte de las nuevas autoridades sanitarias, tuvo que dejar el departamento tras 6 años de trabajo por esta zona.
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Alegó que de forma inexplicable y sin ningún sumario previo, pretendieron trasladarla desde su lugar de trabajo al Hospital Regional de Fuerte Olimpo, decisión que le ocasionaría inconvenientes sobre todo de orden económico, atendiendo el bajo salario mensual que recibe.
En la comunidad de Puerto Guaraní tenía casa y comida gratis, gracias a la solidaridad de personas de buen corazón, decía la profesional de blanco, razón por la cual podía hacer frente a los gastos, atendiendo que en esta parte del país los precios de los productos están por las nubes.
Al solicitar una información del por qué de su traslado, “en la Región Sanitaria no pudieron darme una respuesta efectiva o razonable, y solo me decían que era para una mejor organización, razón por la cual tuve que gestionar mi regreso hacía mi zona Paraguarí, lugar donde emigre hacia el Chaco en busca de brindar mejor oportunidad de vida a mis compatriotas”, dijo la mujer.
Persecución política
La profesional dijo que todo se trata de una persecución laboral, pero por sobre todo política, por haber simpatizado con un sector del Partido Colorado que resultó perdedor en las últimas elecciones. “De forma arbitraria quisieron forzar mi traslado al Hospital Regional de Fuerte Olimpo, en clara violación a la ley 1626 que sostiene que debe haber consentimiento previo del personal, por lo que considero que fue un intento de traslado forzoso”, mencionó la afectada. Agregó que pisotearon sus derechos laborales “y como tengo 35 años de servicio, decidí gestionar mi traslado hacia mi lugar de origen en la zona de Paraguarí que por suerte pude conseguir, sin embargo solo quería dejar en claro la forma en que se maneja la política de salud en el Alto Paraguay en base a revanchismos políticos”, sostuvo.
El Dr. Ariel Acuña director de esta región sanitaria se encargó de desmentir la acusación de esta profesional, alegando que no se trató de ninguna persecución laboral y mucho menos política, solo se buscó un mejor servicio de la salud y contar con el personal calificado.
Agregó que este tipo de traslado está configurado en la ley N 1626/2000 de la función pública, donde se establece que un funcionario público puede ser trasladado por razones de servicios y en este caso había una enorme necesidad de este tipo de servicio dentro del Hospital de Fuerte Olimpo, “y debíamos cubrir con el personal disponible”.