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Una de las zonas más afectadas por la sequía es la localidad de Tte. Irala Fernández, lugar que hace diez años también fue uno de los sitios en donde se instaló una de las afamadas desalinizadoras de agua a un costo final estimado de G. 8.965.450.396, según los datos proveídos por la SEN en el 2013. El sitio actualmente sirve como reservorio de agua y con sus aljibes cosecha agua de lluvia para ser repartida después.
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La mencionada desaladora fue instalada en un lugar “problemático”, ya que la salinidad del agua extraída alcanzaba niveles muy altos. Ya en mayo del año 2009, el hidrólogo Elías Díaz Peña, integrante en ese entonces de la Mesa de Agua de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), dijo que la presión que ejerce el acuífero Yrenda en el norte del Chaco, hacia el sureste de la región, permitía la extracción de agua salada, su desalinización a través de la ósmosis inversa e inyección de la salmuera al subsuelo, sin mayores peligros.
Sin embargo, en Tte. Irala Fernández, la salinidad del agua extraída alcanzaba más de 60.000 ppm (partes por millón). Para comparar, en Villa Choferes el agua alcanzaba 11.000 ppm y la desaladora de la Cooperativa Fernheim en Filadelfia trabaja actualmente con 14.500 ppm. Es decir, en Tte. Irala Fernández la salinidad es cuatro veces mayor, lo que predecía el fracaso del proyecto.
Los planes en Tte. Irala Fernández preveían hacer la desalinización en dos etapas: con un pequeño equipo móvil, diferentes pretratamientos (decantación, oxigenación, nanofiltración) y después con una máquina grande, como en Villa Choferes, y desalar 200.000 litros por día, pero el proyecto apenas funcionó.
Una situación similar se habría dado en la localidad de Villa Choferes del Chaco, con la desaladora también instalada allí, aunque por ser el agua salina en menor proporción que en Tte. Irala Fernández, el proyecto por lo menos funcionó tres años antes de parar completamente.
Antecedentes de la obra
La SEN hace más de una década decidió instalar dos plantas desalinizadoras: una en Villa Choferes del Chaco y otra en Tte. Irala Fernández. Actualmente, ninguna de las desaladoras funciona y el costo del proyecto fue de US$ 3 millones.
Las comunidades nativas, en su mayoría conformada por mujeres, son las más afectadas por el fracasado proyecto y están siendo asistidas por la SEN, la cual se vale de proveedores locales de agua para asistir a la población más vulnerable, recargando bidones y aljibes comunitarios y utilizando las instalaciones de las desaladoras como aljibes comunitarios, no haciendo honor al costo ni a la inflada inversión del proyecto.