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El oficio Nº 885 de la Unidad Penal Nº 1 de Concepción, a cargo del fiscal Carlomagno Alvarenga, procedió a notificar a los 8 concejales municipales denunciantes para que acudan ante esta representación a fin de “ampliar declaración testifical” en la causa abierta al intendente Hilario Adorno, sobre lesión de confianza.
En este sentido, el representante del Ministerio Público elaboró un calendario en que se fija el horario y día para los siguientes ediles: Claudio Martínez, Stiven Ramos y Domingo Vera, todos del Partido Colorado y quienes ya declararon ayer, martes.
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Los concejales que están declarando desde las primeras horas de este miércoles son: María Laura Díaz, Emilce Graciela Díaz y María Angela Domínguez. También estos tres ediles pertenecen al Partido Colorado, quedando para mañana, jueves, la declaración de los 2 últimos concejales: Víctor Virgilio Chamorro, de la ANR, y Feliciano Cantero Benítez, del Frente Guasu.
Al respecto, el concejal Virgilio Chamorro (ANR) dijo que fueron citados por la Fiscalía, a fin de ampliar la denuncia contra el intendente Adorno. En este sentido, sostuvo que se facilitó al representante del Ministerio Público toda la documentación que ameritan las denuncias para comprobar los hechos de corrupción atribuidos al jefe comunal.
El edil comentó que el intendente se negó a presentar los documentos respaldatorios de los gastos realizados en la rendición de cuentas del 2022; sin embargo, “nosotros pudimos obtener estos papeles en la misma Contraloría General del Estado, lo que nos ayudó a descubrir el robo cometido contra las arcas municipales por Adorno”, refirió.
Supuestamente, el intendente hizo figurar en su rendición de cuentas la entrega del almuerzo escolar a instituciones educativas del distrito por un monto de G. 300 millones; sin embargo, según los concejales, fue la gobernación la que se encargaba de entregar dichos alimentos a los escolares, haciendo relación a que era su propio hermano José Domingo Adorno quien se desempeñaba como gobernador hasta el año pasado.
Los supuestos hechos de corrupción contra el jefe comunal también hacen relación al uso irregular de unos G. 50 millones, dinero perteneciente a la Municipalidad para la entrega a una firma dedicada a la venta de vehículos por una camioneta 0 km que figura a nombre del intendente, según informe de la Dirección del Registro de Automotores. Precisamente por este hecho, el fiscal Luis Piñánez procedió a imputar por lesión de confianza al intendente.
Según los concejales, alrededor de G. 800 millones sería el monto aproximado que el intendente no puede justificar de forma legal, entre lo que se detallan también supuestas reparaciones de caminos que jamás se realizaron.
Pedido de intervención
Tras constante pedido de estos concejales para que se pueda intervenir la administración municipal, por fin la solicitud ya se encuentra en la Cámara de Diputados -precisamente donde su hermano el diputado José Domingo Adorno ocupa una banca por el Partido Colorado- a la espera de una definición.
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Los concejales alegan mal desempeño en las funciones del intendente, por lo que se pide esta intervención en base a lo que establece la propia Constitución Nacional y las leyes complementarias.
Persecución política
El intendente Adorno afirma que todo se trata de una persecución política de parte de estos concejales, con el solo interés de buscar ensuciar su administración, siguiendo las instrucciones de sus enemigos y adversarios, entre ellos empresarios quienes pretenden desprestigiar la lucha por la tenencia de la tierra propia en Puerto Casado.
