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El conflicto político que sacude a esta Gobernación chaqueña pone de manifiesto el interés personal y de bandos partidarios, dejando de lado las numerosas necesidades de los pobladores del Alto Paraguay. Esto quedó una vez más demostrado con la desvinculación de 42 funcionarios de la institución, quienes habían ingresado a inicios de año por orden del destituido gobernador, el colorado cartista Ricardo Duarte Filho.
Sucede que el ex jefe departamental había realizado la misma vendetta política cuando tomó el mando de la Gobernación en enero. En ese entonces, el político procedió a despedir a 32 funcionarios, todos afines a la línea política del exgobernador y actual diputado electo José Domingo Adorno, recientemente reciclado en carpas de Honor Colorado.
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La nueva gobernadora, Cinthia Benítez (ANR), quien asume el cargo con una medida cautelar de la Justicia Electoral, apenas se instaló en su nueva función, procedió también a desvincular a 42 funcionarios. Los mismos habían sido contratados por su antecesor, perteneciente a la línea política de la diputada Marlene Ocampos, del sector cartista, quien mantiene una enemistad con Adorno, pero que será su sucesor en la próxima Cámara de Diputados.
En ambas oportunidades, cuando se produjeron este tipo de desvinculaciones masivas, los partidarios de estos grupos radicales se encargaron de publicar en las redes sociales los nombres de las personas despedidas, como si se tratase de una victoria por la obtención del botín político.
Planilleros
Muchas de estas personas despedidas eran simples planilleros de la Gobernación, ya que no cumplían ninguna función específica. Estaban allí por simples favores políticos de parte de los dirigentes, eran sus leales o “chupamedias” a costa del erario del Estado; es al menos lo que se podía observar en las listas de los desvinculados de ambos grupos.
Este tipo de situaciones pareciera ser una práctica común dentro de la institución departamental desde hace décadas, ya que la gran mayoría de los funcionarios son simples calientasillas, sin funciones específicas.
La resolución 04/23 de la Gobernación del Alto Paraguay, firmada por la nueva gobernadora, decide rescindir contrato con la gran cantidad de contratados por la breve administración de gobernador defenestrado. La nómina es la siguiente: Nelson Penayo, Julio César González, Digna Agüero, Alicia Jara, Arnaldo Pastor Romero, Jorge Guccione, Víctor Sánchez, Gilda Villalba, Alexis Torres y César Figueredo.
La frondosa lista continúa con: María Rojas, Humberto Acosta, Sofía Garcete, Ismael González, Carlos López, José Eduardo Ortellado, Cristian Medina, Domingo Guppi, Jacinto Felipe Mongelós, Juan Ortiz Frutos, Mario Ramón González, Gustavo Duarte Samaniego, Luis Duarte Samaniego, Pedro Ramos Villar, Guillermo Benítez, Francisco Soto, Roney Lagraña y Elvio Servín Cabañas.
Completan la nómina de personas despedidas: Roberto Vladimir Ocampos (hermano de la diputada Marlene Ocampos), Alba Rocío Mongelós, Asunción Valdovinos, Justo Rubén Figueredo, Romario Samaniego, Jorge Antonio Chaparro, Walberto Shever, María Luisa Duarte, Mirna Orrego (exintendenta de Carmelo Peralta), Ana Flavia Benítez, Cirilo Lima y Marly Rodríguez Espínola.
La gran mayoría de estas personas ingresaron al cargo en febrero y hoy son descontratadas luego de permanecer en el cargo solo 4 meses; son operadores políticos, todos leales al grupo de la diputada Ocampos, con lo que se demuestra la tremenda división política y social existente en el departamento entre estos dos grupos: el de la actual diputada y el del exgobernador Adorno.
Disputa
Cuando solo faltan 50 días para que finalice este periodo de Gobierno, el conflicto político de la Gobernación del Alto Paraguay se encuentra en la Justicia Electoral de la ciudad de Concepción. Este mismo órgano electoral otorgo una acción de medida cautelar a la actual gobernadora para que asuma el cargo hasta tanto se tenga una resolución definitiva.
La pelea hace relación a que dos concejales departamentales se disputan el cargo de gobernador; en este sentido, la Junta Departamental había elegido en enero a Ricardo Duarte Filho para ocupar el cargo dejado por el exgobernador José Domingo Adorno, quien había renunciado para postularse a la diputación.
Apenas finalizaron los comicios del 30 de abril, en que se elegían a las nuevas autoridades de nuestro país, estos mismos concejales -al menos 5 de los 7 que componen este órgano legislativo- decidieron apartar del cargo a Duarte Filho y nombrar en su reemplazo a Cinthia Benítez.
El gobernador defenestrado presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Electoral, buscando anular las resoluciones de la Junta en que se le apartaba del cargo y se procedía a nombrar a otra gobernadora. Por su parte, la mujer también recurrió al órgano electoral pidiendo asumir su nueva función.
La Justicia Electoral, de una forma irresponsable, otorgó una medida cautelar a la nueva gobernadora y citó a ambas partes a una declaración, para luego dar un finiquito al tema. Ante este incierto panorama, no sería nada extraño que en los próximos días, de nuevo, el gobernador asuma su cargo.
Herencia pesada
El nuevo y joven gobernador Arturo Méndez (38), quien debe asumir el cargo en próximo 15 de agosto, recibirá una pesada carga con la cual debe lidiar, comenzando con la gran cantidad de este tipo de operadores políticos o simples “chupamedias”, que de seguro pretenderán ocupar un cargo dentro de la institución no por méritos o aptitudes, sino simplemente por pertenecer al equipo.
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El nuevo jefe departamental deberá tener la suficiente capacidad y sobre todo la sapiencia de poder saber elegir a sus colaboradores más capaces, a fin de evitar repetir este tipo de errores, sobre todo cuando se trata del buen uso del dinero público.
