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La nota Nº 379 de fecha 7 de junio del Ministerio del Interior, enviada al Presidente de la República, hace referencia al pedido de intervención de la Municipalidad de Puerto Casado, solicitada por la Junta Municipal en el expediente Nº 762/23.
La Dirección General de Asesoría Jurídica de la secretaría de Estado, a través del dictamen Nº 507, manifiesta que conforme con los antecedentes obrantes y las normativas legales vigentes, corresponde proseguir con los trámites administrativos.
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Por lo tanto, a partir de esta decisión ministerial, el presidente Mario Abdo Benítez está autorizado de forma legal enviar el pedido de intervención de la administración del intendente chaqueño a la Cámara de Diputados, donde finalmente se decidirá la suerte del jefe comunal.
La Junta Municipal había enviado dos pedidos de intervención al Ministerio del Interior. La primera en diciembre del 2022, y en mayo de este año, el segundo pedido; en ambas notas detallaban los motivos del pedido relacionados a los supuestos hechos de corrupción atribuidos al intendente.
Antecedentes
Uno de los hechos más contundentes atribuido al jefe comunal es sobre el mal uso del dinero público. Hace relación a la compra de una lujosa camioneta 0 km, con dinero municipal. Adorno había pagado G. 50 millones como seña de entrega para retirar el vehículo, inscrito a su nombre de la empresa Nipón Automotores S.A., según informe del Registro de Automotores.
Por esta causa en particular, el fiscal Luis Piñánez, imputó por supuesta lesión de confianza al intendente de Puerto Casado Hilario Adorno, tras detectarse la utilización de dinero o rubro de la Municipalidad en beneficio personal.
El concejal municipal Virgilio Chamorro (ANR), uno de los detractores del intendente, dijo que además del uso del dinero municipal para la compra del vehículo particular, el jefe comunal habría emitido varios cheques sin fondos a nombre de la Municipalidad.
Durante el ejercicio fiscal del 2022, el intendente utilizó unos G. 2.400 millones en la realización de supuestas obras que no existen, además buscó justificar el uso de unos G. 300 millones, rubros del Fonacide, en la compra del almuerzo escolar a estudiantes de la escuela de la comunidad denominada Castilla de los Maskoy, sin embargo, fue la gobernación, la que se encargó de dotar de este servicio a todas las instituciones educativas del departamento, dijo el edil.
Rendición de cuentas rechazada
La Junta Municipal, en mayoría, había rechazado la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del ejercicio 2022, perteneciente a la administración del intendente. Los concejales alegaron para el rechazo la falta de documentos respaldatorios, que justifiquen el uso del dinero municipal.
A esto se le sumó la falta de respuesta de parte del jefe comunal, a los numerosos pedidos de informes que solicitaban los concejales. La sumatoria de estas supuestas irregularidades, hizo que los ediles municipales soliciten el pedido de intervención, por mal desempeño del intendente en sus funciones.
El presupuesto anual de esta Municipalidad es de G. 6.400 millones, ya con las sumas obtenidas a modo de compensación como royalties, fonacide y juego de azar.
Cámara de Diputados
El Poder Ejecutivo enviaría a la Cámara de Diputados el pedido de intervención en el transcurso de la próxima semana. A partir de entonces se debe fijar día de tratamiento, para finalmente decidir con los votos de los parlamentarios si se autoriza la intervención de esta Municipalidad o se envía al archivo este pedio.
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En caso de que los diputados voten por la intervención, el Poder Ejecutivo deberá nombrar a un interventor que se instalará en la sede de esta Municipalidad chaqueña para poder trabajar en las denuncias presentadas por los concejales. Dispondrá de 90 días como máximo para elevar un informe final a la Cámara de Diputados. Serán los legisladores quienes decidiran si continúa en el cargo o es destituido.