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El concejal departamental Nicolás Feltes (PEN) dijo que con la asunción del nuevo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, renace la esperanza de que sean investigados los numerosos hechos de presunta corrupción de la administración del exgobernador José Domingo Adorno (ANR), actual postulante a ocupar una banca en la Cámara de Diputados.
Lastimosamente la exfiscala Sandra Quiñónez se encargó de cajonear todas las denuncias que arrimamos contra “Mino” Adorno, no pudimos avanzar en la investigación. Ahora, con los nuevos tiempos que se están dando en el Ministerio Público, creemos que por fin se pueda tener la iniciativa y el fiscal de la causa, Juan Ledezma Peralta, se anime a imputar al exgobernador, ya que son varias las evidencias del mal uso del dinero público que habría cometido, dijo el edil.
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“Vamos a arrimar nuevas evidencias contra el exjefe departamental a fin de agregar a las ya existentes en la carpeta fiscal y a la espera de que ahora el representante del Ministerio Público se anime a proseguir la investigación y realice la imputación contra Adorno”, refirió.
DENUNCIAS COMPROMETEDORAS
Entre las numerosas denuncias con que cuenta el fiscal de la causa se encuentra la supuesta mala utilización de los US$ 2 millones correspondientes a la emergencia sanitaria por fondos Covid-19.
Gran parte de esa suma fue destinada a la reparación o construcción de parroquias o iglesias pertenecientes al Vicariato Apostólico del Chaco, actividad que no tiene relación con la salud pública.
Según los concejales, en la carpeta fiscal se hace referencia al desembolso de G. 1.500 millones al Vicariato del Chaco, monto que sirvió para el pago total de una casa parroquial en la comunidad de Toro Pampa y un tinglado en el predio de la iglesia de Puerto Sastre. Suestamente ambas obras se encuentran inconclusas, pese a que las constructoras recibieron el 100% de lo estipulado en el contrato.
En lo que se refiere a la parroquia en Toro Pampa, la obra está inconclusa y abandonada. En este caso específico la construcción tuvo un presupuesto superior a los G. 700 millones y fue adjudicada a la empresa AR Consultores y Asociados, representada por Alfonso Rivas Rodríguez.
La Gobernación de Alto Paraguay, según recibos expedidos por el Vicariato Apostólico del Chaco, realizó dos desembolsos de G. 358.420.098; la primera el 30 de diciembre del 2020 y la segunda el 22 de abril de 2021. Es decir, se pagó por la totalidad de la obra que se encuentra inconclusa y abandonada.
Nuevas denuncias de irregularidades
Las nuevas denuncias que serán arrimadas al fiscal Juan Ledezma Peralta se refieren a presuntas irregularidades durante el ejercicio fiscal 2022. Los concejales denunciantes reportaron la compra de 68 cubiertas por casi G. 300 millones, pero las ruedas no pudieron ser localizadas, ya que la mayoría de las máquinas de la institución se encuentran en desuso, sobre tacos de madera.
Otro caso es la supuesta reparación de los dos camiones cisterna de la Gobernación en un taller ubicado en Areguá, departamento Central. El monto total pagado es de G. 160 millones, pero los vehículos están en desuso en el cementerio de chatarras de la Gobernación en Fuerte Olimpo desde hace bastante tiempo.
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Los ediles también pudieron corroborar con la documentación encontrada que en el 2022 la administración de Adorno pagó a la empresa GAL Metal casi G. 1.000 millones por la reparación de caminos en el distrito de Puerto Casado. También el desembolso de G. 204 millones a la empresa Tesakã por reparar el camino Fuerte Olimpo–Puerto Guaraní.
Sin embargo, ambos caminos habrían sido reparados con maquinaria de la Gobernación del Alto Paraguay cuando el equipo vial estaba en funcionamiento.
El muelle atracadero construido en la localidad de Bahía Negra por la empresa de Alfonso Rivas Rodríguez por casi G. 2.200 millones ya fue pagado en un 97%, pero la construcción apenas cuenta con 60% de avance. Actualmente se encuentra paralizada y abandonada.
A pesar de las citadas evidencias, tres concejales departamentales permitieron que la su ejecución presupuestaria de Adorno tuviera sanción ficta al ausentarse en la sesión ordinaria de la Junta en la que debía tratarse la rendición de cuentas. Se trata de la liberal Norma Laguardia y de los colorados Domingo Patrocinio Benítez y Cintia Benítez.