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El encargado del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de la Municipalidad de Tte. Irala Fernández, Javier Espínola, se refirió a la situación que atraviesan en la zona, en la cual no llueve regularmente hace meses. “Estamos en una situación extrema, no llueve y todas las comunidades sufren, estimamos que de los 35.000 habitantes unas 20.000 personas están en una situación crítica”, dijo.
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Debido a que el acueducto está fuera de funcionamiento y que en Loma Plata los bombeos de agua desde Puerto Casado están suspendidos, las únicas fuentes del vital líquido son tajamares y pozos artesanales.
“Estamos con muchas dificultades porque el acueducto no está llegando, en esta última semana nos asistió la SEN en las comunidades más necesitadas, como Pozo Amarillo, 10 Leguas y demás, donde repartieron 700.000 litros de agua aproximadamente”, dijo Javier Espínola.
Agregó que la administración comunal cuenta con un camión cisterna con capacidad de 10.000 litros que es empleado para la distribución de agua. El problema principal es encontrar fuentes seguras del vital líquido, indicó el funcionario.
Otra preocupación en la zona es que en los meses más duros el agua se reparte en alianza con ganaderos de la zona, que ceden los tajamares y pozos de los establecimientos para poder asistir a la población en situación de emergencia. Esta alianza es cada vez más difícil, ya que los propios productores necesitan el agua para subsistir y asistir al ganado, subrayó Espínola.
La desalinizadora que nunca funcionó
En Tte. Irala Fernández hace diez años la SEN instaló una de las dos desalinizadoras de agua construidas durante la administración de Camilo Soares y que costaron más de G 8.965 millones, según los datos proveídos por la institución en el 2013.
Mediante cooperación con la ONG Coopi (Cooperazione Internazionale) y la administración comunal fueron reparados dos aljibes que forman parte de la estructura y se logró acopiar 60.000 litros del vital líquido.
La mencionada desaladora fue instalada en un lugar “problemático”, ya que la salinidad del agua extraída alcanzaba niveles muy altos. La SEN en ese entonces decidió instalar dos plantas desalinizadoras: una en Villa Choferes y otra en Tte. Irala Fernández. Actualmente, ninguna de las desaladoras funcionan y el costo del proyecto fue de USD 3 millones (unos 21 millones al cambio del dólar al guaraní).
La desaladora permanece cerrada y custodiada por un funcionario de la SEN y no se tiene registro de que los costosos equipos llegaron alguna vez a funcionar.