Pobladores de comunidades del Chaco siguen sin suministro del vital líquido del acueducto y desde la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (Essap) continúan esgrimiendo excusas por la falta de funcionamiento del sistema de provisión. El 23 de diciembre quedaron suspendidos los bombeos porque nuevamente se produjeron roturas de la cañería correspondiente a la construcción de la primera fase de la red de agua corriente situada en la zona de Puerto Casado.

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Ante las reiteradas quejas y denuncias de los usuarios del acueducto distribuidos en las zonas urbana y rural del Chaco Central, la Essap esgrime que las lluvias registradas en la zona impidieron agilizar los trabajos de reparación de la cañería. Desenterrar los caños rotos, repararlos y volverlos a enterrar para bombear nuevamente el agua es una operación que lleva “mucho tiempo”, según esgrimieron.

“Nos mienten todo, supuestamente hoy íbamos a tener agua de vuelta, pero no hay nada todavía. Estamos esperando desde el año pasado; ellos dicen que es por la lluvia que no pueden arreglar, pero no es cierto”, dijo uno de los afectados.

Los bombeos fueron suspendidos el 23 de diciembre del 2022, fecha desde la cual están sin abastecer los reservorios de agua de Loma Plata desde donde distribuyen el vital líquido a las comunidades de Filadelfia, Neuland, Mariscal Estigarribia, Lolita y otros.

El problema principal se encuentra en la primera fase de la obra en la zona de Puerto Casado, que según autoridades nacionales debe ser reconstruida en su totalidad. Eso implica destinar más dinero a una construcción que ya costó más de USD 130 millones.

La Fase 3 que nunca funcionó

El acueducto fue presentado como una solución de bombeo de agua desde el río Paraguay en Puerto Casado (Alto Paraguay) presenta constantes fallas en plena temporada de sequía. Algunas zonas tienen conexiones correspondientes a la Fase 3 de la construcción, que consiste en redes de abastecimiento de agua potable en 85 comunidades indígenas y pequeñas localidades del Chaco Central.

Sin embargo, hasta ahora el agua es distribuida mediante acarreo en camiones, debido a la lentitud de los trabajos encargados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en esta parte del proyecto.

En las zonas vulnerables del Chaco, como las comunidades nativas, deben recurrir a aljibes y tajamares comunitarios de los pocos que aún tienen agua para subsistir. Aunque las lluvias caídas recientemente generaron momentáneo alivio, el agua acopiada igualmente no es suficiente. Quienes pueden comprar recurren a aguateros locales.

Llenar un aljibe de uso doméstico requiere de agendamiento, tener varios contactos y aguateros confiables que aún posean agua de calidad, de acuerdo a la experiencia de los usuarios. Para los sectores obreros, latinos y en las comunidades indígenas, con suerte se puede conseguir 10.000 litros de agua por G. 350.000, pero los proveedores particulares llegan a vender 5.000 litros por G. 250.000, según datos.

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En un aljibe promedio se pueden almacenar 30.000 litros de agua y llenarlos puede alcanzar entre G. 1.000.000 y G. 1.500.000. Es un costo sumamente alto para las familias con ingresos mínimos o de zonas vulnerables.

La ventaja del acueducto, cuando funciona, es que el agua es más barata; una carga de de 10.000 litros tiene un costo de aproximadamente G. 200.000, algo mucho más accesible para todos los usuarios. Sin embargo, sin agua nadie puede economizar, sin dejar de mencionar que el vital líquido obtenido subterráneamente muchas veces es salina y en ocasiones sirve solo para limpieza o lavados, es decir, no es apto para consumo humano.

Una lenta y costosa obra

Las obras del Acueducto para el Chaco se iniciaron en noviembre del 2012, durante el gobierno de Federico Franco, luego de quince años de postergación. El plazo de terminación era de un año, pero ya se cumplieron dos lustros y todavía no fue terminado.

Cuando comenzaron los trabajos el MOPC anunció un costo de US$ 50 millones (unos G. 350.000 millones al cambio actual del dólar al guaraní), pero el precio trepó a unos US$ 130 millones (G. 910.000 millones) hasta el 2020, según datos oficiales. La obra es financiada con fondos de Obras Públicas y préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).