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Los agentes de la Fiscalía recorrieron los cuatro distritos del departamento, realizando verificaciones de las obras encaradas por la administración de José Domingo Adorno. Este miércoles pasado, los funcionarios estuvieron por la zona de Bahía Negra donde la Gobernación se encuentra realizando trabajos de una estación portuaria y también llegaron a la comunidad María Elena del distrito de Fuerte Olimpo, donde se construye un dispensario médico.
Previo a estos lugares también, los agentes recorrieron comunidades de Casado y Fuerte Olimpo, donde pudieron constatar obras varias a cargo del gobierno departamental. Según la denuncia realizada por los concejales, se menciona que varias de estas obras estarían sobrefacturadas, como así mismo, reportan la falta de documentaciones en pagos realizados.
Los ediles mencionan además que la Gobernación, desembolsó mas de G. 2.000 millones a favor del Vicariato Apostólico del Chaco, pero los contratos de obras suscriptos entre esta institución religiosa y los contratistas, no estipulan los plazos de la ejecución de las obras realizadas, en contravención a las normativas legales vigentes.
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Con la presencia de estos funcionarios en el departamento, se busca obtener elementos de convicción y probatorios relacionados con los hechos denunciados, buscando también determinar a los responsables en caso de que se pueda comprobar lo denunciado, que apunta hacia el gobernador.
Previa a la constitución, el Ministerio Público solicitó un informe detallado a Adorno sobre el destino de los fondos transferidos a su administración en virtud de la Ley Nº 664, referida al apoyo financiero a los gobiernos departamentales para la reactivación económica durante la pandemia.
Al respecto, la Gobernación del Alto Paraguay recibio un primer desembolso de US$ 1.000.000, el pasado 28 de diciembre del 2020, y un segundo desembolso por el mismo monto de US$ 1.000.000, el 1 de mayo del 2021. La Fiscalía desea conocer de manera pormenorizada el uso correcto de estos desembolsos y el fiscal de la causa es Juan Manuel Ledesma Peralta.
También Ledesma investiga el uso de de los US$ 1.000.000, que la gobernación recibió en el 2018, cuando el departamento fue declarado en situación de emergencia, durante una temporada de sequía e incendios.
A partir de estas documentaciones que reciba de parte de la Gobernación, y la verificación de las obras dentro de las comunidades del departamento, el fiscal debe decidir si procede a la solicitud de imputación por lesión de confianza.
Por su parte el jefe departamental dice sentirse confiado, a lo que sostiene que una vez mas saldrá airoso de esta investigación, ya que esta “acostumbrado” a que se le investigue, pues “no tiene nada que ocultar a los pobladores” del Alto Paraguay, aseverando que tales obras existen y alega una “persecución política” por parte de sus adversarios.
