En una semana vence la acusación contra el reelecto jefe municipal, pero hace meses que la CGR se desentiende de los reiterados pedidos de la fiscala María José Pérez, de la Unidad 2 de San Antonio, quien ya por cuarta vez pidió la designación de un auditor.

El intendente municipal está procesado por lesión de confianza tras detectarse un manejo irregular del Fondo de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). En casi cuatro años de gestión, se habla de irregularidades por más de G. 3.600 millones.

La representante del Ministerio Público dijo a ABC Color que el contralor, Enrique García, se negó a recibirla hoy y la derivó junto al director de asesoría jurídica de la institución, César Gómez, quien de palabra le prometió que este martes le proporcionaría el auditor que reclama, pero que no realizará una auditoría a la gestión anterior del intendente, sino solo una por muestreo.

“Para el Ministerio Público esto es una omisión y ausencia de cooperación de la justicia”, criticó la fiscal Pérez, ya que han pasado casi seis meses de su primer pedido y hasta ahora la Contraloría se desentiende del caso. Expuso que el asesor jurídico le dijo que la CGR tiene autonomía para decidir si realiza o no una auditoría.

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Recordó que dos de los cuatro pedidos de intervención se hicieron bajo apercibimiento; aun así, fueron ignorados. Anunció que mañana será convocado el asesor jurídico de la CGR para explicar la postura del ente al respecto, y dependiendo de su respuesta, podrían solicitar que la Corte Suprema de Justicia ordene la auditoría que requiere.