Los indígenas de los pueblos Ava y Mbya Guaraní de varios departamentos cercanos a la frontera con Brasil pedían desde hace un mes la destitución de Servín por proponer un proyecto de ley sin realizar la obligada consulta previa a las comunidades. Los mismos manifestantes recibieron este lunes con gritos de júbilo y banderas paraguayas al nuevo presidente del INDI en una céntrica plaza de Asunción.
“Tengo instrucciones directas del presidente (Horacio Cartes) de escuchar mucho y trabajar con todas las comunidades”, declaró Zaldívar en la Plaza de Armas, frente al Congreso Nacional, donde unas 200 familias con sus hijos se han instalado en carpas para mantener su protesta.
Servín fue destituido el pasado viernes después de que fuera grabado en vídeo dando una patada en el estómago a una mujer de un pueblo nativo que protestaba junto a otras personas frente a la sede del Instituto Nacional del Indígena, institución encargada de ejecutar las políticas de desarrollo para los pueblos originarios.
Aunque Servín negó los hechos, Cartes decidió comunicar al día siguiente su despido ante la prensa, incluso antes de comunicárselo al funcionario. Zaldívar, que apareció por sorpresa este mediodía en la plaza donde se concentran los indígenas, repartió abrazos y compartió púlpito con los principales líderes para asegurar a los manifestantes que tomará en serio sus peticiones.
“Vamos a armar una mesa de trabajo con organizaciones sociales, civiles, privadas y las comunidades para buscar alternativas”, explicó a Efe el flamante titular del INDI, hasta ahora encargado de la jefatura de Operaciones de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). “Queremos respeto y participación. Que se nos consulte de cuestiones tan importantes”, dijo a Efe Adriano Centurión Núñez, un líder de una comunidad indígena Mbya Guaraní llegado a Asunción desde el departamento de Caazapá.
“El (anterior) presidente del INDI propuso una modificación de ley sin consulta previa, por eso estamos aquí. Hemos sufrido un mes de hambre, lluvia. Nuestros hijos y jóvenes están cansados”, añadió.
Antes de ser despedido, Servín, junto a varios legisladores oficialistas y de la oposición, propuso una modificación de una ley que pretende castigar a los grandes terratenientes que compran o alquilan ilegalmente tierras a las comunidades indígenas.
Los indígenas, que en algunos casos se ven obligados a subarrendar tierras por falta de recursos, temen que ese cambio sirva para imputar y encarcelar a los líderes de las comunidades, explicó Núñez. La modificación de la ley pretende prevenir “la comisión de hechos punibles contra bienes patrimoniales pertenecientes o destinados para el asentamiento de comunidades indígenas”.
El texto establece la nulidad en la adquisición de tierras o inmuebles pertenecientes a una comunidad nativa y, en el caso de comprobarse una compra indebida, la ley establece como castigo una pena privativa de libertad de entre 2 a 5 años para el que adquiera irregularmente la propiedad.
En los departamentos de donde proceden estas comunidades indígenas de la etnia ava guaraní, el precio de una hectárea de tierra varía entre los 12.000 y 15.000 dólares, los costos más altos del territorio en un país cuya economía está volcada a la producción agropecuaria y ganadera.
La población indígena de Paraguay asciende a unas 120.000 personas, aproximadamente el 2% de unos 6,7 millones de habitantes en el país suramericano, y el 75% de ellos vive en situación de extrema pobreza.
La mayoría de las comunidades de los 20 pueblos nativos de Paraguay sufre de falta de tierras para subsistir, acceso a electricidad, agua potable, caminos, educación y salud pública, según los informes gubernamentales y de las ONG especializadas.