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"No estamos pudiendo entrar desde el año 2013 en la Municipalidad de Ciudad del Este", ratificó el contralor en visita a ABC Cardinal, desmintiendo a los referentes del clan Zacarías en cuanto a que la Contraloría investigó a la gestión de la intendenta Sandra McLeod. Agregó que, por más que la Corte intente decir que la Contraloría no tiene impedimentos para entrar a auditar, en la práctica no es así.
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"¿Qué lo que acontece en la práctica? El Tribunal de Cuentas recibe el pedido de juzgamiento (de los Municipios) omitiendo requerir la constancia del informe previo de Contraloría, entonces materialmente ocurre lo que nos ocurrió en Ciudad del Este y en otros lugares diciendo... La gente muy amable nos dice: 'Adelante, pasen, ¿qué quieren? Auditar (respondemos). No podemos cumplir con ustedes porque nuestros papeles están en el Tribunal de Cuentas. Vamos al Tribunal de Cuentas y le decimos: 'Queremos mirar esos papeles en el mostrador de ustedes para poder cumplir nuestro trabajo de auditoría'. El dictamen del juez de cuenta nos dice: 'Ustedes no pueden venir acá porque no son parte'", explicó el contralor.
Insistió en que cuando escucha a referentes como el senador Javier Zacarías Irún (esposo de McLeod) decir que la Contraloría auditó la gestión de su cónyuge, afirmo que "son lenguajes de la política criolla que dicen mucho sin decir nada".
Como solución, intentarán un nuevo diálogo con las autoridades de la Corte y el Tribunal de Cuentas para tratar de encontrar una salida consensuada para el impasse que también está tratando de ser aprovechado por otros 156 municipios. García dijo que esperan en una semana encontrar una solución y que no quieren agotar nunca la vía del diálogo.
No obstante, aclaró que la falta de un dictamen de Contraloría no debería ser un obstáculo para aprobar la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, ya que ese es solo uno de los tres causales para la intervención. El primero ya se cumplió, que es la aprobación por mayoría de la Junta Municipal.
La propia Fiscalía General del Estado, el Congreso Nacional y otras instituciones utilizan el mismo recurso que McLeod para evitar ser auditados por la CGR.
"El Ministerio Público es una de las instituciones que tienen radicada una acción de inconstitucionalidad del sentido de la Municipalidad de Ciudad del Este. Infelizmente, no es una broma", afirmó el contralor y agregó que "también en su momento el Congreso Nacional lo hizo".
En el caso del Parlamento, comentó que, si bien en algún que otros momento les solicitaron auditar cuestiones puntuales, en el grueso también están impedidos de entrar a auditar.
En cuanto a las binacionales como Itaipú y Yacyretá, refirió que, si bien hay un relacionamiento a través de Cancillería, en lo que refiere a la posibilidad de controlar, aún "hay mucha tela que cortar ahí", antes de entrar con plenas facultades de fiscalización.
Sobre otros puntos, el contralor ratificó el dictamen previo de su institución en que se constatan pagos irregulares a la empresa Mota Engil por las obras inconclusas del proyecto Metrobús. Realizarán una segunda auditoría, pero adelantan que, en caso de ratificarse irregularidades, denunciarán penalmente a los responsables.
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"Si hay pagos realizados sin justificación, hay responsables pagadores. Los administradores que estuvieron al frente MOPC van a tener que ser señalados como responsables de acuerdo a los pagos", adelantó García.
Indicó que, por el momento, solo auditaron algunas retenciones que debieron ser aplicadas pero no se hicieron. Hasta el momento no se analizó si también se evitó que la aseguradora Royal, del exministro Juan Carlos López Moreira, se haga cargo del pago por seguro de la obra.
Hasta el momento lo que corroboró es que "no se aplicaron penalizaciones que estaban establecidas penalmente y que debió haberse retenido esa suma por lo menos en ese concepto".