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La Sala Constitucional de la Corte Suprema rechazó ayer la acción Jorge Coronel Gagliardi, uno de los abogados del diputado Carlos Núñez. Al respecto el juez Humberto Otazú explicó que ese fue solo uno de los tantos incidentes que había presentado la defensa del legislador.
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Esto se debe a que Jorge Coronel asumió la defensa de Núñez para la preliminar fijada en julio del año pasado para buscar apartar a Otazú, con quien tenía causal de inhibición. Entonces el magistrado suspendió su personería jurídica.
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“La ley obliga al magistrado, salvo circunstancias en que esté desde el primer momento dentro del expediente judicial, cuando el procedimiento está en marcha, la ley dice que hay que cancelar la personería, ellos apelaron, el Tribunal había confirmado mi resolución, contra esa confirmación ellos representaron la acción que es lo que hoy se rechaza”, aclaró.
Pero acotó que aparte presentaron una excepción de inconstitucionalidad que se tramita de otra manera. “Se corre traslado al fiscal interviniente, luego se corre traslado a la Fiscalía General del Estado y después se remite a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que todavía está en estudio”, sostuvo.
Entretanto indicó que una acción como esta no suspende el trámite, hasta llegar al auto para la sentencia. Recordó que es la octava vez que se suspende la audiencia pero anteriormente la audiencia preliminar ya se llegó a realizar. “Había una acusación y luego la defensa del diputado plantea una salida alternativa a la salida procesal, el juzgado no estuvo de acuerdo, fue a la Fiscalía General y luego de ese procedimiento se lo vuelve a acusar y es ahora está sucediendo esto. Son ocho ocasiones”, puntualizó.
Con respecto a que el proceso pueda extinguirse por las chicanas, alegó que está lejos de esa posibilidad. “No hay peligro de extinción ni de prescripción. La ley dice que a cada incidente que se plantea eso se corta y se vuelve a contar el plazo”, declaró, en conversación con radio ABC Cardinal.
Reiteró que Carlos Núñez Salinas está imputado por dos supuestos hechos punibles, contrabando y producción de documentos no auténticos.
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Por su parte, la fiscala Victoria Acuña, encargada del caso, sostuvo que tiene la esperanza de que este año se pueda volver a celebrar la audiencia preliminar. Dijo que la investigación por contrabando ya concluyó.