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Los fiscales Liliana Alcaraz y Diego Zilbervarg solicitaron la desestimación de tres denuncias contra Iturburo por la comisión de hechos punibles contra la prueba documental, alegando que supuestamente no tenía la posibilidad material de alterar los resultados electorales.
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Iturburo fue grabado solicitando dinero para presuntamente modificar los resultados de las elecciones de abril del año pasado. Durante la conversación, afirmó haber dado 200 votos al exsenador Oviedo Matto para acceder a la banca a cambio de dinero y una camioneta.
Ahora, la decisión de si se acepta o no el pedido de la Fiscalía está a cargo de la jueza Lici Teresita Sánchez.
Durante la investigación, se dialogó con varios jefes de la Justicia electoral, entre ellos Fausto Von Streber, director de informática del TSJE y superior directo de Iturburo, quien informó que el denunciado “nunca pudo estar inmerso en el juzgamiento de los sobres de los cómputos provisorios ni definitivos, ni tampoco en la carga de los resultados del TREP, puesto que el mismo tiene asignadas tareas propias de control de calidad de la carga de las inscripciones en el registro cívico permanente”.
Ademas, aclaró que no está facultado para cargar ningún dato y que toda la información del TREP ya no podía ser modificada con posterioridad a su publicación, el domingo 22 de abril de 2018, tras las elecciones.
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La fiscala llegó a la conclusión de que lo afirmado por el funcionario en los audios filtrados no ha resultado real y, al no existir suficientes indicios fácticos de comisión de hechos punibles, solicita la desestimación de la denuncia.
“Yo te voy a replantear tu pregunta: si te faltan 200 ó 300 votos, yo te doy. Así te digo, ¿entendés? ¿Ya entendés lo que quiero decirte? Ahí sí te doy como sea y te voy a decir cuánto y te voy a cobrar también, no me importa ya ahí; pero si te faltan 5.000 votos, no puedo”, dijo Iturburo en una parte de la polémica conversación.
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Sin embargo, el caso sigue generando sospechas, ya que la propia Justicia Electoral accionó judicialmente para no dar a conocer las actas electorales, documentos públicos en que se registran los votos de los comicios.
Un cuestionable fallo judicial además obligó al ciudadano demandante a que pague las costas del juicio, en una decisión que atenta directamente contra le Ley de Acceso a la Información Pública.