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"La aplicación del derecho fue totalmente distorsionada por el juez Humberto Otazú", señaló el fiscal Marcelo Pecci, sobre el caso del intendente con permiso de Capitán Bado, Denilso “Chicharõcito” Sánchez (ANR), procesado y acusado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Lamentó que la causa haya quedado parada sin haberse analizado correctamente los elementos ya que eso incidió en las medidas cautelares ofrecidas. Tras haber sido beneficiado con libertad ambulatoria, Sánchez retornó a su ciudad, donde fue recibido con efusividad por sus pobladores.
"En el Ministerio Público estamos con esa satisfacción de haber concluido una investigación muy sólida (...) Ahora esperamos la decisión de la Cámara. Esperemos que en el Tribunal de Apelación se pueda corregir este desfasaje judicial", señaló.
Sobre los agravios hacia su persona demostrados en pancartas de pobladores de Capitán Bado a la llegada de Sánchez señaló que: "No afecta en absoluto la inversión de mi tiempo que mi nombre aparezca en las pancartas. Estoy enfocado a cumplir de la mejor manera mi labor. (Las acusaciones) carecen de sustento y no dejan de ser un hecho meramente anecdótico", indicó para señalar a renglón seguido que "mi respuesta siempre será jurídica y respetuosa frente a todo tipo de personas".
En referencia al acompañamiento de los diputados Oscar Tuma, Marcial Lezcano y Freddy D' Ecclessiis durante la bienvenida a Denilso, indicó que esta situación "no distrae mi atención. Ellos sabrán cómo actuar. En un estado de derecho la gente juzgará eso", sentenció.
Chicharocito soporta proceso por presunto lavado de dinero con sus hermanos Carlos Rubén alias “Chicharõ”, (diputado suplente por ANR) y Ardonio (abogado), por no poder justificar más de G. 15.000 millones de su patrimonio, según la fiscalía.
Denilso se encontraba prófugo de la justicia durante la campaña electoral del 2015 y financió su postulación desde la clandestinidad.
Actualmente cuenta con libertad ambulatoria otorgada por la Cámara de Apelaciones, segunda sala, integrada por José Agustín Fernández y Cristóbal Sánchez, quienes votaron por hacer lugar a la apelación de la defensa. Fue disidente José Waldir Servín.
El juez José Delmás confirmó la libertad del acusado, pero el fiscal Marcelo Pecci se opuso a la libertad del procesado. El agente del Ministerio Público consideró que Sánchez podía fugarse, ya que fue acusado por hechos punibles vinculados al narcotráfico, y cuenta con pedido de prisión preventiva al ser considerados crímenes.