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El juez Penal de Garantías de Filadelfia, Gaspar Rodríguez, dio lugar ayer a la excepción de incompetencia planteada por la defensa del destituido intendente de Mariscal Estigarribia, Eladio Alcaraz (ANR), en el caso de la presunta venta irregular de 2.200 hectáreas de tierras municipales. La defensa de Alcaraz alega que tras la habilitación de un juzgado en Mariscal Estigarribia, el caso debe ser trasladado a esta magistratura; el proceso había iniciado en Filadelfia por ser la jurisdicción más cercana.
Tras la aceptación de Rodríguez, la causa pasará al juez multifuero Ricardo Medina de Mariscal Estigarribia, sin embargo este ya tiene causal de inhibición en otro caso que involucra al ex-intendente, por lo que probablemente el expediente llegará al juez multifuero de Neuland, Fidelino Aquino. Entre tanto el proceso está estancado.
El fiscal Alan Schaerer imputó en diciembre de 2014 como principal sospechoso al concejal Cecilio Achucarro (ANR), quien en el 2010 se desempeñó por algunos meses como intendente del distrito de Mariscal Estigarribia y acordó la venta de 2.200 ha de tierras comunales. Además, fue imputado el exconcejal César Achucarro (ANR), quien en una minuta a la junta municipal propuso en aquel entonces la venta directa de estas tierras. Ambos están con libertad ambulatoria.
Este año la fiscalía amplió la imputación, involucrando a Alcaraz, porque fue él quien firmó finalmente la transferencia de las tierras en el 2011. Para la multibancada de concejales mariscaleños, el intendente Alcaraz es cómplice de la venta directa de las tierras. Schaerer pidió al juez Gaspar Rodríguez arresto domiciliario o fianza real.
En 2006 la comuna mariscaleña había recibido una donación de 5.624 hectáreas de tierras (Finca Nº 2.959), desafectadas de la 6ª Division de Infantería de Mariscal Estigarribia, para formar una cuenca lechera con pobladores de la zona. Según la Fiscalía, las tierras fueron vendidas a un particular de Filadelfia, -sin autorización de la Junta- en forma directa, para pagar salarios caídos. La ganancia, supuestamente G. 984 millones, nunca ingresó al presupuesto comunal. El Congreso Nacional ya anuló toda la transferencia de tierras el 11 de junio 2015 (Ley 5.443), para que el lote vuelva a pertenecer al Estado paraguayo.