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Víctimas del bautismo de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), sede Caazapá, presentaron una denuncia por lesión contra personas innominadas. El maltrató ocurrió, el pasado miércoles en esta localidad.
El Ministerio Público no actuó de oficio y abrió la carpeta de investigación recién tras la denuncia hecha por dos de las víctimas, quienes sufrieron golpes brutales, se les cortó el cabello y se les obligó a consumir bebidas alcohólicas mezcladas con orina. El fiscal que atiende la causa es Marcelo Ramírez y su asistente Gustavo Miranda.
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Los pobladores aseguran que los directivos de la Facultad de Veterinaria estaban al tanto del evento y que ahora quieren lavarse las manos. Solicitan incluso sean incluidos en la causa, al igual que los alumnos organizadores del bautismo, en calidad de cómplices.
La docente Maura Dávalos es una de las que aparece en uno de los videos sin intervenir, cuando sus alumnos eran literalmente secuestrados y golpeados.
Incluso algunos exigen que los fiscales amplíen la investigación y que la caratula sea por lesión grave, coacción sexual, torturas y secuestro contra los estudiantes que organizaron el bautismo y los directivos y docentes como cómplices, especialmente Dávalos.
Los alumnos fueron sacados de clase en pleno examen, bajo amenaza de que si no participaban no rendirían. Varios requirieron asistencia médica, sobre todo tras ingerir la bebida con orina.
Según argumentan, rapar la cabeza de una chica es una forma de mutilar, una forma de desfigurar a la persona, lo que se constituye en lesión grave, algo penado el Artículo 112 del Código Procesal Penal, inciso primero numeral 2 y 3.
Allegados a los afectados advierten que la Fiscalía “distraídamente” abrió carpeta por el delito de lesión y temen que el médico forense dictamine que nunca estuvo en peligro la vida, a fin de que la carpeta se archive.
Esto haría que el hecho pase a ser un delito de acción penal privada, o sea mediante querella de parte. Los denunciantes insisten que la coacción sexual es delito de acción pública, por lo que la Fiscalía debe impulsar el proceso y castigar a los culpables.