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En contacto con radio ABC Cardinal, el abogado defensor aseguró que una de las procesadas por la masacre se ausentó en la sala donde se dio lectura a la sentencia, lo que -según dijo- anula automáticamente todo el fallo contra sus clientes.
Según explicó, luego del receso de 10 minutos, que en realidad se extendió por 20 minutos, la acusada en cuestión ya no pudo regresar al recinto debido a que “se sintió mal”. “Esta sentencia es nula porque la sentencia no fue leída en presencia de una de las acusadas; hemos advertido pero ellos (los jueces) igual siguieron con la lectura”, refirió.
Señaló que la Corte Suprema de Justicia debería tomar medidas contra los magistrados en cuestión. “El tribunal dictó sentencia en base a una nueva calificación sin darnos la oportunidad de ejercer nueva defensa”, manifestó para luego advirtir que ellos mismos (los jueces) “se suicidaron”.
El abogado advirtió que los integrantes del tribunal “van a borrar con el codo todo lo que han firmado”.
Azuaga aseguró estar desconcertado por la actitud de Ramón Trinidad Zelaya y los demás miembros del tribunal. “No sé por qué actuaron así”, manifestó.
En otro momento, el defensor habló de una “sentencia ya cantada”. “Ya fue planificada esta sentencia”, denunció mientras en el ambiente se oían los gritos de “libertad, libertad” para los campesinos hoy condenados.
Algunos de los familiares y simpatizantes de los sentenciados lanzaron inclusive advertencias a los magistrados. “El pueblo va a reaccionar”, expresó una de las manifestantes frente al Palacio de Justicia.
Las condenas aplicadas hoy en medio de algunos incidentes quedaron de la siguiente manera: 30 años de prisión más cinco de medidas de seguridad para Rubén Villalba; 20 años para Luis Olmedo; 18 años para Arnaldo Quintana y Néstor Castro, y seis años para Lucía Agüero, Fany Olmedo y Dolores López. Por otra parte, Felipe Benítez, Adalberto Castro, Alcides Ramírez y Juan Tillería fueron condenados a cuatro años de cárcel.
La masacre de Curuguaty se había originado el 15 de junio de 2012, durante un fallido procedimiento de desalojo. Un total de 17 personas -11 campesinos y seis policías- fallecieron durante un tiroteo.
Según la acusación sostenida por el Ministerio Público, los campesinos emboscaron a balazos a los agentes, lo que derivó en un dantesco enfrentamiento.