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La defensa de la procesada invocó el artículo 17 de la Constitución Nacional, inciso 7, que establece que toda persona tiene derecho a la comunicación previa y detallada de la imputación, así como a disponer de copias, medios y plazos indispensables para la preparación de su defensa en libre comunicación.
La defensa de Almada solicitó a la agente fiscal Victoria Acuña la copia del expediente. Luisa Almada fue procesada por estafa y cobro indebido de honorarios. Según el acta de imputación, Luisa Almada estaba a cargo de verificar y rubricar con su firma los comprobantes de pagos junto con la subcontralora de la República la licenciada Nancy Torreblanca.
La mujer supuestamente firmaba las planillas de pago de remuneraciones extraordinarias y planillas de pago de remuneraciones adicionales, a favor de los funcionarios Liz Paola Duarte, Horacio Coelho de Souza y Reinaldo Gadea Mongelos, a pesar de que los mismos no prestaron servicios en los horarios establecidos en la Contraloría.
La fiscala Victoria Acuña, días atrás, imputó a Rubén Velázquez y a la subcontralora Nancy Torreblanca por estafa en el ejercicio de sus funciones públicas, cobro indebido de honorarios e inducción a un subordinado de un hecho punible. La fiscalía comprobó que Liz Paola Duarte, la secretaria “VIP”, no prestaba servicios en la institución, pese a que cobraba sueldos y horas extras. A través del sistema de circuito cerrado se pudo ver que la mujer nunca asistió a su lugar de trabajo en los periodos comprendidos entre enero y diciembre de 2014 y desde enero hasta mayo de 2015. Sin embargo, en esos periodos igualmente cobró sueldo y horas extras.
Los demás imputados en el caso son: Roberto García, director general de Gestión de Talento Humano; Luis Almada, director de Administración General, y Celia Cardozo Ríos, auditora interna. Horacio Coello de Souza fue imputado por cobro indebido, al igual que Reinaldo Gadea Mongelós. Estos dos últimos están en la misma situación que la secretaria “VIP”. Por su parte, Hugo Javier Pereira Paredes, Alicia Acevedo González y Mirian Raquel Bogado cobraban sueldo y beneficios profesionales sin contar con título universitario.