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El magistrado había hecho lugar a la revisión de medida cautelar de prisión preventiva planteada por los abogados de las imputadas María Beatriz Gill Avalos y Ninfa Thomas. Además, levantó la prisión preventiva decretada contra las procesadas y les otorgó arresto domiciliario, sometida a reglas de conducta, como la obligación de comparecer ante la Comisaria Jurisdiccional y ante el juzgado, prohibición de salida del país, fianza personal de los abogados y caución real sobre bienes inmuebles.
El Ministerio Público fundamentó el recurso presentado, teniendo en cuenta que existe un alto peligro de fuga, fundado especialmente en la pena que podrá ser interpuesta a las procesadas como el resultado del procedimiento y sobre todo considerando la importancia del perjuicio causado por las mismas. Avalos y Thomas fueron imputadas por lesión de confianza y por producción de documentos no auténticos (como autoras) con una expectativa de cárcel, que podría llegar a 15 años.
Además la fiscal Portillo señaló que la resolución impugnada presentaba errores de interpretación legal por la existencia de contradicciones con la postura asumida en la causa, errónea aplicación de un precepto legal a causa de la falta de consideración de la importancia del perjuicio causado, falta de lógica del fallo recurrido al ser una relación auto-contradictoria y la contradicción al analizar el peligro de obstrucción entre el fallo revisado y el actual.
El sindicado como “cerebro” de la desaparición de US$ 14 millones de Ára de Finanzas, Hugo Sosa Palmerola, había sido liberado por la Corte, específicamente la Sala Penal integrada por el ministro Sindulfo Blanco y los camaristas Mercedes Buongermini y Nery Villalba. Según indican Palmerola también estaría operando para liberar a los procesados en el caso para que no delaten las maniobras del vaciamiento.