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El liberal fue uno de los 15 legisladores que votaron contra la aprobación de la normativa.
Finalmente, el pleno, gracias al apoyo de 60 diputados, sancionó la iniciativa tal y como había venido del Senado y ahora solo se aguarda la promulgación del Ejecutivo.
En conversación con Canal 100, Acosta aclaró que no está contra una ley de alianza público-privada, sino contra este texto en particular.
“Estoy a favor de la alianza, porque el Estado ya no puede llegar más a todos los lugares que se necesitan. Pero no voy a apoyar ninguna ley contra los principios constitucionales”, refirió.
Consideró que la versión del Senado que finalmente fue ratificada en Diputados “está mal”.
Al explicar su postura, indicó que se rompe el equilibrio de poderes consagrado en la Constitución, ya que con esta normativa se dan atribuciones al Ejecutivo para concretar acuerdos con el sector privado, sin necesidad de consultar con el Parlamento o ser fiscalizado por ente alguno.
“Ahora Cartes tiene superpoderes. Él va a tener la posibilidad de hacer los negocios que quiera en nombre del Estado”, sostuvo.
Al desarrollar su argumento, indicó que se corre riesgo de que el Presidente decida negociar con empresarios “amigos”.
“Vamos a suponer que entren en la distribución de energía en alguna zona lejana donde no llega la ANDE. Qué pasa si ese empresario es amigo de Cartes y van a establecer tarifas a su conveniencia”, refirió.
Advirtió que la normativa en cuestión igualmente contempla la posibilidad de que el mandatario evada la Dirección de Contrataciones.
“Hace 10 años que Contrataciones Públicas se ha especializado en el sistema de compras del Estado. Tiene mucha gente experta y ahora con esta ley la dejamos de lado”, lamentó.
Indicó que, sin la participación de esta entidad contralora, existen serios riesgos de corrupción en los negocios de alianzas con el sector privado.
“Todos los procesos quedan fuera de Contrataciones. En la ley dice que uno de los sistemas es la licitación u otra forma'”, indicó.
Agregó que las contrataciones directas con empresas privadas, sin control alguno, pueden derivar en alianzas “contra la República”.
Aclaró además que ninguna concesión puede ejecutarse sin la aprobación del Congreso. Sin embargo, para salvar este punto, el texto no menciona en ningún punto el término “concesión”.
“Usaron un artilugio legislativo. La discrecionalidad puede trasladarse al Ejecutivo”, insistió.
Indicó que los compromisos que asuma el Estado mediante este sistema tendrán una vigencia de incluso 30 años.
“Si llegamos a derogar la ley o cambiamos las reglas de juego, ya el Estado habrá establecido compromisos. No hay mecanismos para controlar al Ejecutivo”, refirió.
Recordó que las autoridades deben proteger los intereses generales y hacer frente a los intereses de las empresas privadas, que buscan lucrar.
“Las empresas privadas buscan lucrar, y me parece bien, pero cuidemos nomás todos los resortes”, manifestó.
Indicó que, con esta normativa, se apela a la “confianza” de que Cartes sabrá hacer un buen uso de esta herramienta.
Recordó que el propio mandatario había dicho, durante su campaña política: “La eficiencia va de manos del control y el control es más fuerte que la confianza”.
Igualmente, advirtió que esta normativa va a permanecer incluso luego de finalizar el mandato actual.
“Ellos mismos (quienes apoyaron esta iniciativa) admitían que esta ley en manos de otro Presidente puede ser peligrosa”, afirmó.