Cargando...
La Ley 5033/13, que reglamenta el Art. 104° de la Constitución Nacional, en su artículo 2º obliga a los funcionarios del Estado a presentar declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos, tanto para las autoridades entrantes como salientes.
Sin embargo, la propia Contraloría confirmó que ni el ex presidente de la República, Horacio Cartes, ni los exministros del Poder Ejecutivo, que estuvieron en funciones en el anterior periodo gubernamental lo han hecho hasta ahora, inclumpliendo los mandatos de la ley.
Luego de asumir como presidente en el 2013, Cartes presentó su declaración jurada el 23 de agosto de ese mismo año. Esta nunca fue hecha pública, pese a los reiterados reclamos y pedidos de información pública de periodistas y organizaciones.
Este año el juez Rubén Riquelme resolvió que todas las declaraciones juradas de bienes de autoridades y funcionarios públicos son de interés general, por ende su acceso debe ser público.
Lea más: Lea más: Contraloría emplaza para presentar declaración jurada
La normativa obliga a las autoridades electas para prestar servicios en los poderes del Estado, así como a los funcionarios pertenecientes a la administración central y descentralizada, entes autónomos, autárquicos, a cumplir indefectiblemente con este trámite.
Igualmente, obliga a los funcionarios de empresas con participación estatal mayoritaria, entes binacionales, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta, gobiernos departamentales y en general.
Lea más: Lea más: Plantean que declaración jurada sea anual y pública
Exige que los que perciban remuneraciones provenientes de fondos públicos, deben presentar su declaración jurada de bienes en un plazo de 15 días, a partir de haber tomado posesión de su cargo y la misma obligación deben cumplir los que dejan el cargo público.
En el caso de los que asumieron el pasado 15 de agosto, la fecha tope para la presentación de sus declaraciones se cumple el próximo 30 de agosto, según recordó este sábado la Contraloría General de la República.
Por otra parte, según datos de la oficina de prensa de la Contraloría General, el 100% de los legisladores han cumplido con este mandato constitucional y legal. Sin embargo, ninguno de ellos ha hecho pública su declaración.