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“Las Fuerzas Armadas no están preparadas, diseñadas ni capacitadas para intervenir en cuestiones de seguridad interna”, sostuvo Irala desde la página Web oficial de la organización, insistiendo en que la militarización no es el camino para resolver situaciones de criminalidad.
“Estamos ante una serie de hechos criminales que han terminado con la vida de varios compatriotas y el Estado paraguayo posee todas las disposiciones legales y jurídicas, instituciones constitucionalmente encargadas de abordar estos problemas”, aseguró, citando a la Policía Nacional y al Ministerio Público.
Acotó que estos organismos deben hacer una investigación seria para ser capaces de dar con los delincuentes responsables y enjuiciarlos por los crímenes perpetrados. “No es una guerra ni interna ni externa”, reiteró.
La intención del presidente Horacio Cartes al modificar las leyes 1.337 de Defensa Nacional y Seguridad Interna y la 4.024 antiterrorista es “legalizar la represión… lo que constituye sin duda un grave retroceso para el régimen democrático, un retroceso más para fortalecer un gobierno con rasgos autoritarios”, dijo.
Recordó también datos de la investigación “Los nuevos rostros de la militarización”.
El estado de excepción de 2010 tuvo una duración de 30 días en los departamentos de Alto Paraguay, Presidente Hayes, San Pedro, Boquerón y Amambay, tras los asesinatos de dos peones, un capataz y un suboficial de Policía en una estancia en la zona de Horqueta, Concepción, con supuesta autoría del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
El costo del estado de excepción costó al Estado paraguayo un total de G. 9.764.235.700. El resultado de esta iniciativa fue nulo en cuanto a la persecución del EPP, asegura la investigación.