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"El juzgado ha resuelto que el mismo guarde reclusión en el Penal de Tacumbú u otro establecimiento penitenciario acorde a la disponibilidad de lugar. Sabemos bien que ellos ya quedan a cargo de la Dirección de Institutos Penales a los efectos de si tiene o no lugar, ya depende de ellos determinar administrativamente esto", indicó el juez penal de Garantías Rolando Duarte sobre su resolución.
El juez "ordena la reclusión en la Penitenciaría Nacional u otro instituto donde haya disponibilidad, o sea el juzgado dejó abierta la posibilidad de que sea una decisión administrativa" el lugar donde será recluido, indicó el abogado de Cárdenas, Rodolfo Gubetich, expectante a que su cliente pudiera ser remitido al penal militar de Viñas Cue u otro lugar de reclusión. No obstante, tanto el penal militar como la Agrupación Especializada están saturados, por lo que sería trasladado a Tacumbú.
"Nosotros solicitamos la modificación de la calificación del artículo tercero de la Ley de enriquecimiento ilícito, a sabiendas de que el artículo 245 restringe la posibilidad de una medida alternativa. Ese cambio de calificación no tuvo acogida favorable por parte del juzgado, y al estar vigente la calificación de enriquecimiento ilícito, el juzgado tiene un margen muy reducido para proveer las medidas alternativas", lamentó el abogado ante el fallo contrario del juez.
Justamente Duarte comentó que "el juzgado (a su cargo) consideró que se han reunido los presupuestos del artículo 242 del Código Procesal Penal (de no dar medidas alternativas), dado que existe un hecho punible imputado con altas expectativas de penas como es el de enriquecimiento ilícito", por lo que dispuso la prisión preventiva.
"El dictamen de Contraloría salió a favor mío, creo que no hay nada más que discutir. Esperamos con fe y confianza que la justicia se haga presente", había dicho Cárdenas, intentando ocultar sus esposas, tras la audiencia de imposición de medidas y mientras esperaba la resolución del juez Duarte, según informó Perla Silguero, periodista de ABC Color.
Cárdenas fue imputado el 23 de noviembre por la fiscala Natalia Fúster, por el hecho punible de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. También fueron imputados sus hijos, Justo Cárdenas Pappalardo, María Alexandra Cárdenas Pappalardo y Alan Cárdenas Rodríguez, por lavado de dinero.
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La investigación pone al descubierto que existe un monto de G. 2.644 millones que no podría justificar y se sospecha proviene de fuentes ilícitas. Entre el 2008 y 2018 Cárdenas tuvo un ingreso de G. 5.364.894.000, pero sus egresos fueron por G. 8.009.595.082.
Otros datos que llamaron la atención fueron las compras de vehículos por parte de la familia de Cárdenas. Solo en vehículos gastaron G. 1.114 millones, mientras que en inmuebles otros G. 1.292 millones en los últimos años.
Además, solamente en compra de acciones en la Agroindustrial Ganadera JPC, Cárdenas junto con sus hijos tienen invertidos G. 3.050 millones. Incluso, hasta su difunta madre aparece como accionista de la compañía.
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También tiene una estancia en Pirayú, que está valuada en aproximadamente US$ 3 millones. El salario de Cárdenas era de G. 32 millones al mes, por lo que, para comprar esa propiedad, necesitaría más de 74 años con ese sueldo.
En tanto, sus tres hijos fueron imputados por considerar que la actuación de los mismos contribuyó a ocultar los movimientos irregulares de Cárdenas.