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Martínez informó que los funcionarios de Entre Ríos, en la mañana del lunes, intentaron ingresar a bordo de una camioneta.
Los ocupantes del MCP, que se oponen a que la empresa siga adquiriendo las derecheras a través de coacciones, impidieron el ingreso del vehículo y casi se llegó al enfrentamiento.
Los ocupantes se declararon en alerta permanente desde el domingo pasado y declararon que no volverán a permitirá el ingreso de los representantes de la firma para que sigan con sus compras extorsivas.
El intendente municipal, Néstor Martínez Bernal (ANR), quien también había participado de la reunión con los campesinos el pasado sábado, informó en la mañana del lunes que las autoridades del Ministerio del Interior se comprometieron a enviar más efectivos policiales al lugar para evitar un posible enfrentamiento entre las partes.
También aseguró que pide a las autoridades nacionales tomar cartas en el asunto para evitar hechos que puedan ser lamentados en el lugar.
Según los campesinos, la firma Entre Ríos comenzó a adquirir a través de sus funcionarios las derecheras a un precio de G. 10 millones la hectárea.
Para convencer a los ocupantes recurren a las amenazas de desalojo y hasta de muerte, según indicaron. Acusaron al polémico dirigente campesino Teófilo Aguilar de encabezar a quienes pretenden convencer a la gente para que vendan sus derecheras con el pretexto de que si no venden corren el riesgo de perder todo.
Incluso señalaron que Aguilar fue uno de los primeros en vender y que continúa en el asentamiento sólo para guardar las apariencias. Señalaron también que el exdiputado ‘Papi’ Alvarenga vendió una derechera de unas 200 hectáreas que le fue adjudicada por Aguilar hace unos 6 años.
Efrén Ocampos, quien se presentó el pasado sábado ante el intendente Martínez Bernal como funcionario de la firma, encargado de colocar los mojones en las derecheras adquiridas, sostuvo que la firma Entre Ríos adquirió de la firma Santa Basílica el título propiedad de las 3.000 hectáreas que forman Laterza cue.
Aseguró que el propietario de Entre Ríos, José Odvar López, antes que recurrir a un juicio de desalojo prefirió negociar con los ocupantes la adquisición de sus derechos a 10 millones la hectárea y sólo compra a aquellos que están dispuestos a vender. Negó que efectivos policiales le hayan acompañado en su tarea y que hayan amenazado a quienes se niegan a vender.