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Se trata de Julio César Torres Fernández, para quien la agente del Ministerio Público solicitó al juez Claudio Villalba la prisión preventiva. Torres Fernández es considerado como uno de los principales depredadores del Parque Nacional Caazapá, que se encuentra entre los distritos de San Juan Nepomuceno, Abaí y Tavaí.
El sospechoso cuenta con un enorme aserradero en esta ciudad caazapeña y su industria se surtiría directamente con rollos extraídos de la mencionada reserva natural.
Según el escrito de imputación presentado por la agente fiscal de medio ambiente Martha Leiva, una comitiva policial de la Comisaría de la Colonia Tito Firpo, distrito de Tavaí, además de guardas del parque, sorprendieron a Torres dentro de la reserva natural, a bordo de un enorme camión Scania de color blanco cargado con rollos de madera de diferentes especies entre las que se hallaron rollos de cedro, chipa rupa, petereby y laurel. Los rollos talados totalizaron 17,5 metros cúbicos de madera. Igualmente, en el lugar fue ubicado un tractor 4 x 4 de color azul, de la marca New Holland, con pala frontal y molinete preparado para cargar rollos en camiones. En el sitio estaba también otro remolque conocido como “pitogue”, que serviría para transportar los rollos dentro de la reserva natural.
Los intervinientes comunicaron a la agente fiscal Martha Leiva del procedimiento y la misma se constituyó en la Comisaría de Tito Firpo para realizar el relevamiento de las evidencias, que quedaron depositadas en dicha sede policial. El detenido fue trasladado hasta la Comisaría Primera de la ciudad de Caazapá, y ahora se encuentra a disposición de la Justicia.
El sábado 16 de abril, la fiscal Leiva presentó imputación contra el detenido por la figura penal de perjuicio en reserva natural y solicitó la prisión preventiva del mismo al juez de garantías de San Juan Nepomuceno, Claudio Villalba, quien entiende en la causa.
La fiscal solicitó la prisión preventiva debido a que Torres Fernández fue imputado en calidad de autor de un crimen y en caso de que permaneciera en libertad, se considera que el mismo podría influir sobre los testigos. La agente solicita tres meses de tiempo para culminar la investigación y presentar acusación formal contra el procesado.