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El extitular de la Seam explicó que la medida en cuestión no involucró un estudio de impacto ambiental, condición fundamental para adoptar acciones relacionadas a la fauna y flora.
Sostuvo además que todo ciudadano está en la obligación de defender la vida silvestre, como expresa el artículo 4 de la Ley 92, sin importar que sea técnico o científico.
De esta manera, refutó lo dicho por la ministra Cristina Morales, quien el pasado lunes resolvió convocar una audiencia pública para la exposición de argumentos científicos, que finalmente quedó sin efecto.
También hizo alusión a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional del Ambiente, que reúne a organizaciones ambientalistas e indigenistas, que no analizaron la cuestión.
“Querían aprobar entre gallos y medianoche, cuando lo ideal hubiese sido convocar a una sesión extraordinaria del consejo para el efecto”, añadió.