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Según el supermercadista, el ingreso de productos de forma ilegal a nuestro país viene golpeando a este sector desde hace más de un año, siendo el factor más preocupante la impunidad con la que se manejan los comerciantes informales, quienes se libran de pagar impuestos y de otorgar los beneficios establecidos por la normativa nacional a sus trabajadores.
Desde su perspectiva, la impunidad obedece a la falta de controles efectivos de los organismos del Estado. “Cualquiera abre un puesto de la noche a la mañana y eso va tener sus consecuencias graves, que de hecho ya tiene en la recaudación del fisco y también en la creación de puestos de trabajo que están comprometidos por un flagelo que ni siquiera están combatiendo o parece que bajaron los brazos. Ya no escucho más que por lo menos se vayan a visitarles a los contrabandistas”, expresó Salemma a ABC Color.
Otra inquietud tiene que ver con la cuestión cultural, a tal punto de que el contrabando se está arraigando en los jóvenes como algo bueno, cuando en realidad es un delito tipificado en la ley. Se debe hacer una campaña de concientización a nivel nacional en la cual se inste a la ciudadanía a evitar adquirir productos de contrabando, ya que están privilegiando la mano de obra de países vecinos en detrimento de la mano de obra nacional, alertó.
“El contrabando no solo tiene que ver con la parte impositiva, sino también la informalidad que trae consigo. Creo que el Gobierno tiene que retomar lo que antes venía haciendo, atacando a los grandes contrabandistas que operan a plena luz del día y los locales habilitados para la comercialización de productos ingresados ilícitamente”, agregó.
En otro momento, señaló que solo en los supermercados se percibe una importante disminución en las ventas incluso por debajo de la media de años anteriores, mientras que los costos van en aumento. Como alternativa sugirió regularizar a los importadores de tal forma a que se vuelvan contribuyentes y se reduzca la deslealtad a causa del contrabando. Recomendó además realizar reformas para los despachos de subvaloración de productos, que puede ser aprovechados por empresas que figuran como formales y obtienen beneficios cuando en realidad no lo son.