Falencias en ley de tarjetas

En el intento de limitar tasas de interés de las tarjetas, la nueva ley propicia otros problemas como la exclusión de las personas con menores ingresos de sistema financiero formal, criticó el exministro de Hacienda, Dionisio Borda.

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Además de criticar las fallas por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) a la hora de evitar abusos por parte de las entidades bancarias en las tasas de interés en las tarjetas de crédito y débito, el exministro de Hacienda, Dionisio Borda señaló "nuevos problemas" que suscitan a raíz de la la ley 5.476, “que establece normas de transparencia y defensa al usuario en la utilización de tarjetas de crédito y débito”, recientemente promulgada.

“(El BCP) no actuó a tiempo para evitar los abusos en las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Si bien es cierto que lanzó recientemente la iniciativa de disminuir y estandarizar las comisiones bancarias existentes en el mundo de las tarjetas y una campaña de información y educación para aumentar la inclusión financiera, se hubiera ocupado también de revisar el nivel muy alto a partir del cual las tasas de interés son consideradas usurarias, así como de promover una mayor competencia en el mercado financiero para reducir los márgenes de ganancia que las empresas del sector obtienen a costa de los consumidores de sus servicios”, cuestionó en su artículo Entre el abuso de las tasas de interés y los riesgos de mayor exclusión financiera, del más reciente número de la revista Economía y Sociedad, del Cadep.

Borda refiere que como primera falencia de la nueva ley que la misma no especifica si el límite debe tomar por referencia las tasas de interés de las operaciones pasivas de corto plazo (a la vista) o de las de mediano plazo (certificados de depósitos de ahorro). "En cumplimiento de la nueva norma, la tasa máxima de interés aplicable a las tarjetas de crédito fue establecida en 14,87% anual por el BCP en el mes de octubre, para el caso de los plásticos emitidos por los bancos y empresas financieras, pero todavía se discute el nivel adecuado que debería tener y está pendiente un ajuste de la propia legislación", escribió.

Como segundo punto débil señala que los usuarios de menores niveles de ingresos corren el riesgo de ser excluidos del sistema formal y empujados a operar con sectores informales del sector financiero, incluyendo a las casas comerciales con 'financiación propia', las casas de cambio, las casas de empeño y los usureros. "En este sentido, el remedio va ser peor que la enfermedad para los sectores de escasos recursos", advirtió.

También habla, en tercera instancia, de una asimetría regulatoria que pone por un lado al BCP y los bancos y empresas financieras; y, por otro, al Instituto Nacional de Cooperativas (Incoop) y las cooperativas de ahorro y crédito: "Sin tener muy bien ordenadas las estadísticas, el Incoop estableció en 30,5% anual el techo de las tasas de interés de las tarjetas de crédito, con una interpretación de la ley que toma como referencia el promedio de tasas pasivas vigentes en ese sector".

Finalmente argumenta que "de lo que se trata es de promover la competencia entre entidades financieras, proteger al consumidor y establecer una regulación que evite excesos en el mercado, asegurando que el beneficio neto sea para todos los sectores: usuarios, gobierno y empresas".

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