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En el afán de revertir la baja capacidad de gestión y la poca transparencia del sector público, así como en aumentar las inversiones públicas y considerando la demora en el proceso de la ley de APP, el gobierno parece haber encontrado en la Ley 5.074 el instrumento más apropiado para impulsar las inversiones en infraestructura, sin embargo, bajo “demasiados riesgos financieros, más aún teniendo presente la debilidad institucional del Estado que no se podrá corregir en el corto plazo”, advirtió Dionisio Borda en un análisis presentado en la revista Economía y Sociedad del Cadep.
El mes pasado la Cámara de Senadores aprobó la derogación parcial de la ley Nº 5.074. Esto significa que -de ratificarse la decisión en Diputados y el Ejecutivo- no se podrán usar los fondos jubilatorios para obras ni tampoco asumir riesgos compartidos.
Esta ley, que autoriza a las entidades previsionales a financiar numerosas obras y servicios públicos con la garantía de las reservas internacionales, incluye todas las obras y servicios públicos imaginables: “rutas, vías férreas, puertos, aeropuertos, hidroeléctricas, generación de energía eléctrica, líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica, saneamiento, agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de efluentes, telecomunicaciones, acueductos, poliductos, alcoductos, oleoductos, gasoductos y otros que podrán ser agregados”.
Además, habilita a las empresas privadas, nacionales o extranjeras, a celebrar contratos de riesgo compartido” con cualquier organismo del Estado para encarar las inversiones públicas. “Como si fuera poco, esta ley asegura al inversor privado la 'garantía soberana del Estado paraguayo' (Art. 5) y, al mismo tiempo, compromete los recursos de los fondos previsionales existentes, incluyendo al Instituto de Previsión Social, y las reservas internacionales del Banco Central del Paraguay (Art. 10)”.
En este sentido, el exministro de Hacienda agrega que otra preocupación con relación a las inversiones y su financiamiento es que el Art. 31 del proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación 2015 “autoriza al Ministerio de Hacienda a programar, por medio de simples decretos del Poder Ejecutivo, la utilización de los saldos de los bonos soberanos”.
El informe cuestiona que el gobierno no tenga bien definidos los proyectos de inversión a ser financiados con los remanentes del 2014 o que omite su inclusión en el Presupuesto de 2015 para no trasgredir el límite de déficit contemplado en la Ley de Responsabilidad Fiscal, esto es 'cuadrar el presupuesto'. En definitiva, dice, resulta alarmante esta suerte de aceleramiento de las inversiones, los riegos emergentes y la debilidad institucional del Estado.
En este punto, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en la sesión bicameral de Presupuesto había anunciado la reducción de sus gastos, lo que justamente bajo el amparo de esta ley, fue cuestionado por las legisladoras Desirée Masi (PDP) y Esperanza Martínez (FG), que tildaron de “mentiroso” al presupuesto de la cartera de obras.
Finalmente Borda propone que la inversión de capital físico en el sector privado avance para generar valor agregado y empleos en el país. El gobierno envió al Congreso un proyecto de “Ley de garantía para las inversiones y fomento a la generación de empleo y el desarrollo económico y social” que, en esencia, ofrece al inversor estabilidad tributaria y seguridad jurídica.