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Víctor Raúl Romero, presidente de la ANDE, confirmó la semana pasada que la entidad cuenta con al menos 27 depósitos parecidos a los de San Lorenzo, distribuidos en todo el país (2 en el área metropolitana y el resto en el interior), en donde guardan los transformadores que ya no son usados. Actualmente, la ANDE registra a unos 78.000 transformadores numerados, de los cuales 50.000 están en uso mientras que los 28.000 restantes, están tirados en depósitos de las regionales, de acuerdo con un informe de la institución.
La ANDE no sabe a ciencia cierta qué cantidad de estos 28.000 transformadores contiene askarel, producto altamente tóxico y cuyas consecuencias son graves para la salud humana. Lo único seguro para las autoridades del ente energético es que en el incendio dentro del “cementerio” de transformadores que la institución tenía San Lorenzo, varios de los equipos tenían el askarel y fueron alcanzados por las llamas. Fuentes de la institución señalaron a ABC Color que en las regionales en donde están estos equipos, es grande el miedo que sienten los funcionarios, ya que se podría dar una situación similar, sobre todo ante la falta de un manejo adecuado de los equipos en desuso.
La institución hasta hoy día, no cuenta con un sistema de control o selección para separar los transformadores que contienen askarel de los que no tienen. Según los registros de la ANDE, un promedio de 3.000 transformadores averiados por año son depositados en los “cementerios” regionales. Recién desde 2014, la ANDE empezó con un inventario sobre productos tóxicos, para discriminar cuáles equipos tienen y cuales no, con el objetivo de llevarlos a remate. En este sentido, de los 6.700 transformadores que estaban en el depósito incendiado de Laurelty, 400 contenían askarel, según el relevamiento de datos de la institución. Sin embargo, debido a que en el lugar había transformadores antiguos y no existió una discriminación para separarlos de los nuevos, el incendio pudo haber afectado a los equipos obsoletos pero con el aceite altamente tóxico.
Un lapidario informe de la Contraloría General de la República de 2013, revela que la ANDE no tenía ningún tipo de cuidado en sus depósitos a la hora de depositar los transformadores o equipos con el aceite tóxico. Según explicó en su momento el titular del ente, los transformadores dejan de usarse por averías o problemas técnicos y son reemplazados. Explicó igualmente Romero, que también en las agencias regionales se guardan transformadores, pero de manera temporal, hasta que son llevados a los depósitos y de allí hasta el local de San Lorenzo, en donde la semana pasada se registró el siniestro.
“Por ejemplo, la retención de transformadores con o sin aceite, y de tambores con aceite usado, como resultado de no tenerse identificado si contienen o no PCBs, es un pasivo critico incluso si llegase a resultar que la presencia de PCBs es tan baja que no requiera intervención especifica, ya que las fugas de aceite que se tienen están contaminados de manera evidente y muy significativa los suelos de la zona de almacenaje” señala el informe de la Contraloría.
El documento del ente de control es contundente sobre las condiciones en las que se encontraron los depósitos. “Conforme la verificación in situ realizada en los depósitos, se ha constatado que el lugar utilizado para el resguardo de los transformadores fuera de uso, inactivos o averiados, no seencuentran en condiciones aptas, ya que los inmuebles e infraestructuras utilizados para el efecto no cuentan con las exigencias de seguridad mínimas requeridas para el almacenamiento de este tipo de artefactos o productos” indica el documento de la contraloría, cuyo informe estuvo a cargo de un equipo técnico a cargo de Jorge Espínola, como jefe, y Luis Traversi, supervisor de los trabajos de inspección.
En una de las fotografías que muestra la Contraloría se evidencia la precaria situación en la que se encontraba el depósito de Laurelty, en donde finalmente se registró el siniestro. La misma situación se presenta en los depósitos de Ciudad del Este, Encarnación y otras ciudades, cuyas fotos fueron elevadas por la Contraloría. El documento fue entregado a la Ande el 25 de octubre de 2013, según los registros oficiales. Sin embargo, no hubo mayores avances para tener mejores condiciones de almacenamiento de estos equipos.
Según registros de la Fiscalía de la Unidad Ambiental, los depósitos de la ANDE tienen licencia ambiental desde 2006, requisito fundamental para que estos lugares puedan operar. La fiscala Sara Torres, quien conjuntamente con el agente Carlos Rojas llevan la investigación por el lado ambiental del siniestro, aseguró que en cada intervención realizada en dicho depósito la ANDE demostró tener la licencia o al menos haber hecho pedido la prórroga de la habilitación, que lo habilita igualmente para seguir operando.
La fiscalía trabaja ahora por determinar si desde la ANDE cumplían con el plan de manejo ambiental en la subestación de Laurelty, en donde el incendio de la semana pasada afectó hasta ahora a 177 personas, que podrian estar contaminadas con askarel. Según el informe de Contraloría, el ente energético estaba lejos de cumplir estas exigencias ya en 2013.